La ministra no aportó mayores detalles e incluso desconcertó al advertir que “es algo que discutiremos con el gobernador”. Esa fue una de las propuestas que desgranó en la provincia de Santa Fe durante la campaña electoral, pero ahora ocupa otro rol, que es el de ministra de Seguridad, en un gobierno al que se sumó después de quedar en tercer lugar.

Bullrich llegó a Rosario luego de una semana en que las primeras medidas que implementó Pullaro, focalizadas en reagrupar a los presos de alto perfil en las cárceles provinciales, derivó en dos ataques mafiosos en los que se dejaron amenazas contra el mandatario.

La ministra de Seguridad tiene una buena relación con Pullaro desde que ambos ocuparon la misma área entre 2015 y 2019 y buscarán, según advirtieron, delinear una estrategia de manera coordinada.

El gobernador pretendía ser quien lidere el comando conjunto, integrado por efectivos federales y provinciales, pero Bullrich no cedió ante ese planteo y ambas jurisdicciones serán las encargadas del manejo operativo y control de los uniformados, que estarán enfocados en un principio en saturar los barrios más difíciles para bajar la violencia.

Bullrich no dio detalles sobre el rol que tendrán las Fuerzas Armadas. Sólo se refirió a su rol de apoyo logístico. Fue algo que la presidenta de PRO planteó en la campaña electoral. E incluso lo hizo público por primera vez en Rosario, pero es una maniobra que se pretende trasladar a otras zonas del país si hay conflicto.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro pretendía liderar el comando conjunto, integrado por fuerzas federales y provinciales, pero la ministra Patricia Bullrich no cedió ante ese planteo.

Pullaro no le dio relevancia al uso de las Fuerzas Armadas. En el gobierno provincial creen que es un interés particular de la ministra de meter el tema en la agenda y tienen serias dudas si funcionará a nivel operativo. Es asignarle al Ejército una función más simbólica que otra cosa. Más allá de lo gestual, esa decisión significa empezar a romper la historia reciente del país, desde que se reinstauró la democracia.

En marzo pasado, el entonces presidente Alberto Fernández envió a esta ciudad un grupo de oficiales del batallón de Ingenieros del Ejército, luego de que provocara una fuerte conmoción en el país y también en el exterior el ataque a balazos contra el supermercado del suegro de Lionel Messi.

Los miembros del Ejército se dedicaron a tareas de mejoramiento de calles en dos barrios de Rosario, donde su papel fue prácticamente simbólico. Ahora, con Patricia Bullrich otra vez en el área de Seguridad, es posible que las Fuerzas Armadas tengan otro rol. Para ello deberán realizarse cambios a nivel normativo, aunque todo dependerá del papel que les asignen.

Por ley, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en “seguridad interior”. La excepción que contempla la Ley de Seguridad Interior es cuando participan, a requerimiento de un “Comité de Crisis” –que no está creado por el momento para la situación de Rosario–, por disposición del Ministerio de Defensa, para “apoyar las operaciones de seguridad interior” mediante la afectación “de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.

Desde que la Nación decidió, en 2014, destinar personal de Gendarmería para sofocar las crisis recurrentes de seguridad en Santa Fe, los efectivos federales nunca se fueron de Rosario.

La ley prevé que de ese Comité de Crisis participen, entre otros integrantes, los gobernadores de las provincias afectadas; en este caso, debería ser Maximiliano Pullaro. También, el ministro del Interior y los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

No es lo que ocurre en este caso. Por eso, cuando Bullrich se refirió al envió de miembros de las Fuerzas Armadas, aclaró: “Es algo que discutiremos con el gobernador”.

Pullaro busca que los dispositivos de seguridad nacional funcionen en Rosario y tengan un impacto en el combate de la mafia narco, no como sucedió en los últimos años en los que se utilizaba a los efectivos federales para realizar tareas de control y seguridad preventiva en las calles céntricas.

Desde que Sergio Berni, entonces secretario de Seguridad de la Nación, inauguró en 2014 el uso de Gendarmería como estrategia para sofocar las crisis recurrentes de seguridad en Santa Fe, los efectivos federales nunca se fueron de Rosario, donde actualmente, según señaló la propia ministra en diálogo con AIRE, no tienen en claro cuántos están desplegados y se dedican a la lucha contra el crimen organizado. Por eso, Pullaro destacó que en los últimos cuatro años a Santa Fe “se la abandonó”.

En la nómina de anuncios, la ministra de Seguridad también adelantó que llegarán agentes del grupo motorizado “Linces” de Gendarmería Nacional y que pondrá en marcha un programa de detección de correos privados y encomiendas para interceptar drogas.

Esta estrategia había tenido éxito durante la pandemia, cuando se utilizaba esta vía para evitar el traslado de las cargas por ruta, que en ese momento estaban custodiadas para hacer cumplir el aislamiento.

Por ley, en Argentina las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en “seguridad interior”.

Bullrich enumeró, además, que pondrá en marcha un programa de “reducción de armas”, ya que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) pasó en esta nueva gestión a la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Además, Bullrich señaló que impulsará “cambios en el artículo 34 del Código Penal para que la legítima defensa no sea la tradicional, sino reforzada para los miembros de las fuerzas de seguridad que en muchos casos están detenidos de manera injusta por el solo hecho de haber llevado adelante la tarea que el Estado les encomienda”.

Bullrich también anunció que el Servicio Penitenciario Federal pasará a la órbita de Seguridad y dejará de depender del Ministerio de Justicia. “Estamos trabajando para tener un programa estricto de presos de alta peligrosidad”, dijo. Y mencionó la implementación de inhibidores y la pronta puesta en operatividad de la “cárcel federal de Coronda” que, a más de ocho años del comienzo de su construcción, aún no fue inaugurada.

Fuente:Aire de Santa Fe