El secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios de la provincia, Héctor Acuña, no descartó que, a pesar de los controles que se realizan regularmente, “pueda ingresar algún celular en alguna cárcel”, pero afirmó que “ya se tomó la decisión política de sacar esos aparatos de las cárceles de Santa Fe”.

En ese sentido, acusó a la anterior gestión del Frente Progresista y Social “de no tener voluntad política para instalar inhibidores de señales” en los penales, y expresó que en los primeros 40 días que lleva en ese cargo “se han incautado por lo menos 500” dispositivos móviles.

“Esta es una situación que la Justicia no puede negar. No tengo la menor duda de que cualquier fiscal podrá hacer una alta ponderación de nuestra gestión, si la compara con la anterior”, manifestó el funcionario provincial.

El tema del uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia quedó expuesta una vez más. Fue en la audiencia imputativa de ayer en la que Fernando F. fue acusado de participar en la balacera del 3 de enero pasado contra el Centro de Justicia Penal.

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El fiscal Matías Edery expuso que Fernando F. y Orlando “Toro” Escobar_ condenado a once años de prisión por homicidio _ estaban organizando en mayo pasado ataques contra edificios institucionales para modificar el estado de detención de integrantes de las bandas criminales. En ese ámbito se expusieron cruces de llamadas que se realizaban entre Escobar y el acusado.

En declaraciones al programa “Zysman 830” que se emite por La Ocho, Acuña prefirió no entrar en polémicas con el fiscal Edery “ya que expuso eso en una audiencia será porque lo tiene probado”, pero remarcó que el problema de los celulares en las cárceles se inició durante la gestión del Frente Progresista Cívico y Social.

“No hubo voluntad política de imponer inhibidores de señales de celulares. Además hubo defensa legislativa en la Cámara de Diputados porque se opusieron a un proyecto para instalar ese sistema”.

“Hacemos una o dos requisas por semana. Hay que explicarle a la gente el esfuerzo que significa hacer una requisa en la cárcel. En Coronda, una inspección general lleva siete horas y media. La concentración del personal que revisa la primera celda no es la misma cuando llega a la última. Por eso hicimos un cronograma. Ahora, hay una política clara en ir en esa dirección, sacar los celulares de las cárceles de Santa Fe. No somos infalibles, pero la decisión política ya la tomamos”, añadió.