El Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF) sobreseyó a un hombre de 58 años, oriundo de la provincia de Salta, pero radicado en el barrio porteño de la Boca, en una causa iniciada en 2018, cuando personal de Gendarmería Nacional lo detuvo en Santa Fe con un DNI y carnet de conducir falsos.

La medida dispuesta por el juez de cámara Luciano Lauría responde a una propuesta de “reparación integral del perjuicio ocasionado”, realizada por el abogado defensor Juan Manuel Irineo, en beneficio de Víctor Manuel Zelaya.

Dicho resarcimiento, en miras a la “extinción de la acción penal”, consistió en el pago de $3.974.913,50, correspondiente a la “compra de insumos médicos para capacitación profesional destinados a ser donados al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe”, señala la resolución judicial fechada el 6 de noviembre pasado.

Reparación del perjuicio

Previamente, el caso debió ser analizado por el Fiscal General Martín Suárez Faisal, particularmente para determinar “si el ofrecimiento en concepto de reparación guarda relación con las características del hecho delictivo, el bien jurídico afectado y la situación personal del imputado”.

En ese sentido, la conclusión a la que arribó el Ministerio Público Fiscal (MPF) fue que “la compra de insumos médicos con un costo cercano a los cuatro millones de pesos, los cuales han sido entregados a la doctora Andrea Uboldi del Ministerio de Salud de Santa Fe, resulta razonable como alternativa destinada a la reparación del perjuicio causado por la infracción penal”.

En ese marco el juez Lauría hizo lugar el jueves pasado a la reparación integral solicitada, declaró extinguida la acción penal y dictó el sobreseimiento de Zelaya, quien había llegado a juicio procesado por los delitos de “uso de documento público falso destinado a acreditar la identidad de las personas” y “cohecho activo en concurso real”.

El magistrado consideró que la donación “es razonable y suficiente como modo de reparación del daño ocasionado”, al punto que ordenó la destrucción de los documentos secuestrados en la causa.

Narco de La Boca

Zelaya nació el 26 de agosto de 1967 en la ciudad de Embarcación -provincia de Salta-, pero desde hace varios años tiene domicilio en el barrio porteño de La Boca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Aunque al momento de su detención en Santa Fe en 2018 no contaba con antecedentes condenatorios, estaba siendo investigado por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, como proveedor de drogas a una banda que operaba en la localidad de Castelli y otros puntos de la costa bonaerense.

Zelaya fue condenado el 14 de diciembre de 2020 por el juez de TOF de Mar del Plata, Roberto Atilio Falcone, a la pena de 6 años de prisión, como “autor de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haber intervenido más de tres personas para cometerlo”.

Según se acreditó en esa causa, al menos desde julio de 2014 hasta el 22 de septiembre de 2015, “existió una organización dedicada a comercializar estupefacientes, en las localidades de Castelli y el Partido de la Costa”. En la sentencia consta que “Zelaya oficiaba de proveedor de la sustancia ilícita”, parte de la cual fue hallada en el allanamiento de su casa.

Motivos para ocultar

Poco tiempo después de su detención obtuvo la prisión domiciliaria por lo que se deduce que fraguó la documentación personal a los fines de no ser identificado fuera de su casa.

Peritos de las fuerzas federales confirmaron que el nombre de la persona que figuraba en el documento apócrifo se corresponde con un ciudadano real, aunque no así la foto, que se condice con el rostro de Zelaya.

El implicado fue identificado durante la mañana del 1 de junio de 2018, en un operativo de prevención efectuado en Avenida French y calle Avellaneda de Santa Fe. Iba en una Peugeot Partner junto con otras personas, y a diferencia de sus pares, llevaba DNI y carnet de conducir falsos.

Además, intentó en tres oportunidades pagar una dádiva a los gendarmes, para evitar la sanción. “De qué forma podemos arreglar”, fue la frase que recordaron los testigos y funcionarios públicos que lo denunciaron.

Para la fiscalía, “Zelaya tenía motivos suficientes para ocultar su verdadera identidad mediante un documento falso, dado que se encontraba vigente un pedido de captura sobre su persona librado el 2 de enero de 2017 por el Tribunal Oral en Criminal Federal de Mar del Plata”, donde finalmente terminó condenado.

Fuente: El Litoral