La Justicia puso un número astronómico sobre la mesa: 537 millones de dólares. Esa es la suma que Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad deben devolver al Estado por el desvío de fondos públicos. 

Para dimensionar esta cifra, basta con imaginar que equivale a la mitad de lo que las provincias buscan recaudar anualmente con el impuesto a los combustibles, un "manotazo" que desató intensas discusiones políticas. O, si prefieren una imagen más tangible, estamos hablando de unos 10.000 autos de gama media. Una fila interminable de vehículos que se pierde en el horizonte, como se pierde la capacidad de nuestra mente para procesar semejante cantidad de dinero.

Pero la pregunta clave es: ¿se podrá cobrar? La fortuna declarada de Cristina Kirchner, aunque considerable, está lejos de alcanzar esa suma. Según sus declaraciones juradas, posee cuatro cajas de ahorro en pesos, dos en dólares, plazos fijos en el Banco de Santa Cruz, tres departamentos en la Capital Federal y 24 inmuebles en Santa Cruz. 

Además, tiene participaciones en tres sociedades anónimas: Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y una misteriosa empresa llamada Canazza, cuyo propósito no está claro. También invirtió en acciones de gigantes como Mercado Libre, Apple, Microsoft, Coca-Cola, Visa y Berkshire Hathaway, el fondo del mítico Warren Buffett. 

Sin embargo, hay un problema: muchos de estos bienes ya no están a su nombre. En 2016, tras dejar la presidencia, Cristina transfirió gran parte de sus propiedades a sus hijos, anticipándose a las tormentas judiciales que se avecinaban. 

Hoy, esos bienes están cautelados, lo que significa que la Justicia podría recuperarlos, pero el proceso es complejo y está lejos de ser inmediato. 

El panorama se complica aún más con los otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez, un empresario que también habría maniobrado para desprenderse de sus activos. Según denuncias, incluso su exesposa lo acusó de transferir bienes a su nueva pareja, mientras la Justicia sospecha de alquileres simulados y otras artimañas para ocultar su patrimonio. 

Los 537 millones de dólares, entonces, parecen una quimera: una montaña de dinero que, aunque ordenada por la justicia, podría ser imposible de reunir.

Este caso no solo pone en evidencia la magnitud del presunto saqueo al Estado, sino también los límites del sistema judicial para recuperar lo robado. Muchos de los bienes de Cristina y sus supuestos "secuaces" ya están embargados por otras causas, como la de Hotesur, lo que enreda aún más el camino hacia la recuperación. 

La Justicia argentina enfrenta un desafío titánico: demostrar que puede hacer cumplir sus sentencias y devolver al pueblo lo que, según los tribunales, le fue arrebatado. 

Mientras tanto, los 537 millones de dólares flotan en el imaginario colectivo como un símbolo de impunidad y de una riqueza que, aunque cuantiosa, parece siempre estar un paso por delante de la ley.

Fuente: Cadena 3