El gobierno de Javier Milei enfrenta una tormenta perfecta. Desde este espacio venimos señalando que el equilibrio fiscal, piedra angular de su gestión, está bajo un ataque sin precedentes.

La foto es clara: un gobierno cada vez más solo, acorralado por una oposición que, en el Congreso, teje una estrategia coordinada para desarmar su plan económico y debilitarlo políticamente, justo en la previa de las elecciones legislativas.

En el Senado, la oposición planea autoconvocarse este jueves, incluso si la vicepresidenta no da el paso. ¿El objetivo? Avanzar con leyes que ya tienen media sanción en Diputados o que están en carpeta, y que se agrupan en tres frentes: obligar al Gobierno a gastar más, quitarle recursos a la Nación para transferirlos a las provincias y limitar las herramientas ejecutivas de Milei, como los vetos o los decretos de necesidad y urgencia (DNU). 

Es una jugada que busca no solo desfinanciar el superávit fiscal, sino también erosionar la autoridad política del Presidente.

Entre las propuestas en danza están aumentar las jubilaciones por encima de la inflación (aunque ya vienen subiendo más que esta, ajustadas por la inflación pasada), restituir la moratoria previsional sin igualar la edad jubilatoria entre hombres y mujeres, financiar un presupuesto universitario y declarar la emergencia en discapacidad, con un costo fiscal que el gobierno califica de "enorme". 

También se plantea reducir retenciones, reasignar el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, y hasta modificar la ley de DNU para limitar el poder presidencial. Todo esto, sin claridad sobre de dónde saldrán los fondos. A ojo, se estima que estas medidas podrían costar entre 2 y 3 billones de pesos, unas diez veces el superávit de $238 mil millones de junio. Es, en palabras simples, una receta para quebrar el equilibrio fiscal que Milei defiende como su bandera.

El Gobierno no está exento de culpas. Su estilo confrontativo, su trato a veces áspero y errores de enfoque lo dejaron aislado. Pero no todo es cuestión de formas: en el fondo, esta es una pelea por dinero y poder. Gobernadores, kirchneristas, radicales, sectores del PRO y hasta la izquierda se alinean en un frente común, con intereses que van desde necesidades legítimas —como la discapacidad o las jubilaciones— hasta maniobras políticas para desgastar al oficialismo antes de las elecciones en Buenos Aires y las legislativas nacionales.

¿Puede el Gobierno seguir atrincherado en su postura de "no hay plata"? Hay sectores que necesitan respuestas y la negativa absoluta a negociar podría costarle caro, no solo en lo económico, sino en lo político. 

Milei enfrenta un dilema: ceder en algo para descomprimir o mantener su línea dura, arriesgándose a vetar leyes y enfrentar una oposición cada vez más empoderada. Porque si algo queda claro, es que el Congreso no está dispuesto a ceder terreno.

Es imperioso un diálogo que priorice sin destruir. No todo puede hacerse a la vez, y las leyes deben ser responsables: especificar costos y fuentes de financiamiento. Sin eso, el riesgo es volver a la emisión descontrolada, al déficit y a la inflación galopante. 

Milei, los gobernadores y el Congreso deben sentarse a conversar, no solo por dinero, sino por el futuro de un país que no puede permitirse más peleas viscerales.

Fuente: Cadena 3