En los últimos días, se hizo evidente que un plan orquestado está tomando forma frente a nuestros ojos: un golpe fiscal dirigido contra el gobierno de Javier Milei. Este ataque, diseñado para desestabilizar la economía y hacer caer la bandera de la desinflación, tiene tres pilares claros: obligar al Gobierno a gastar más, despojarlo de recursos y eliminar las herramientas que le permiten defenderse. Estamos ante una maniobra política que, de prosperar, podría devolver a la Argentina al ciclo de emisión descontrolada y alta inflación.

El primer pilar consiste en forzar un aumento del gasto público. Proyectos como la moratoria jubilatoria, que ya avanzó en Diputados y espera tratamiento en el Senado, buscan reinstaurar beneficios para quienes nunca aportaron al sistema previsional. 

La propuesta del Gobierno de equiparar la edad jubilatoria de mujeres y hombres no es descabellada, pero fue rechazada de plano. A esto se suma la ley de financiamiento universitario, que no exige reformas ni ajustes a las universidades, y una serie de proyectos menores que, en conjunto, representan un impacto fiscal colosal. Ninguno de estos proyectos especifica de dónde saldrán los fondos, lo que evidencia una intención clara: presionar al Gobierno hasta el límite.

El segundo pilar es el despojo de recursos. Los gobernadores, en una maniobra coordinada, buscan quedarse con una porción mayor de los impuestos, como el aumento del 15% al 60% de la recaudación por combustibles y la eliminación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). 

Estas demandas no solo reducen los ingresos del Gobierno nacional, sino que ignoran un dato clave: los números de junio muestran que las provincias ya reciben más recursos que la Nación. 

Según el Iaraf, los ingresos coparticipables a las provincias crecieron un 49% interanual en junio, frente al 42% de los recursos que quedan para la Nación. En el primer semestre, las provincias vieron un aumento del 55% en sus fondos, superando la inflación, mientras que los ingresos nacionales apenas se mantuvieron estables. La narrativa de que los gobernadores están perdiendo recaudación es, sencillamente, falsa.

El tercer pilar es aún más alarmante: desarmar las herramientas legales del Gobierno. A partir del 8 de julio, Milei perderá las facultades especiales de su ley, debilitando su capacidad de respuesta. 

Además, se impulsa una reforma al sistema de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que permitiría anularlos con el rechazo de una sola cámara, en lugar de las dos, como estableció Cristina Kirchner. Peor aún, si el Congreso no trata un DNU en 90 días, este se caería automáticamente, invirtiendo la lógica actual. Esto despoja al Ejecutivo de una herramienta clave para gobernar en un contexto de crisis.

La Libertad Avanza enfrenta un panorama adverso. Con solo 39 votos en Diputados, lejos de los 87 necesarios para sostener un veto, el Gobierno pierde apoyo de sectores que antes lo respaldaban, como radicales, macristas y peronistas cercanos a gobernadores como Martín Llaryora. 

Este último, gobernador de Córdoba, es un caso paradigmático. Mientras declara valorar el equilibrio fiscal, sus diputados facilitaron sesiones y proyectos que contradicen ese discurso, como la baja de retenciones al agro incluida en una sesión especial a cambio de su apoyo. Esta negociación, aunque beneficiosa para Córdoba, no justifica sumarse a un esquema que desfinancia al Gobierno nacional mientras se reclaman recursos que históricamente no pertenecieron a las provincias.

La incoherencia de Llaryora y otros gobernadores, como Ignacio Torres (Chubut) o Maximiliano Pullaro (Santa Fe), es clara. Si en sus provincias enfrentaran una Legislatura que les impusiera jubilaciones sin aportes, transferencias forzadas a municipios o la eliminación de impuestos clave, como el inmobiliario o Ingresos Brutos, se verían obligados a emitir bonos o cuasimonedas para cubrir sus gastos. Esto es exactamente lo que buscan imponerle a Milei: forzarlo a emitir dinero sin respaldo, reavivando la inflación que el Gobierno trabajó para controlar.

Lo que está en juego no es solo la gestión de Milei, sino la estabilidad económica de Argentina. Este golpe fiscal, disfrazado de iniciativas legislativas y demandas provinciales, ladra, babea y mueve la cola como una amenaza directa al equilibrio fiscal y la desinflación.

Fuente: Cadena 3