Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre su plan de blanqueo de capitales desataron una ola de opiniones encontradas. 

La propuesta, en esencia, busca que los argentinos saquen los dólares "del colchón" sin temor a investigaciones ni impuestos, un blanqueo "sui generis" que, según el propio Milei, no tiene fines recaudatorios, sino que pretende inyectar dinero a la economía. 

"El dinero es del ciudadano, no tengo por qué preguntarle de dónde lo sacó ni cómo lo quiere usar", afirmó el Presidente, dejando en claro que, para él, la Justicia debe ocuparse de los delitos por separado, sin mezclarlos con la economía. 

Sin embargo, esta postura, aunque atractiva para algunos, abre un debate profundo sobre la ética, la legalidad y el contexto histórico de la Argentina.

Por un lado, la idea de Milei resuena con una verdad incómoda: Argentina vivió décadas de una guerra civil económica. Desde los tiempos de Néstor Kirchner, el peso perdió un alarmante 98,7% de su valor. Trece ceros se esfumaron en devaluaciones, controles de cambio y confiscaciones como el Bonex, el Corralito y el Corralón, y una inflación perenne que no tiene parangón en países desarrollados. 

En este contexto, el ciudadano común, que guardó dólares por temor a perder sus ahorros, no es necesariamente un criminal. Es, en muchos casos, una víctima de un sistema que castigó la confianza en el peso y en las instituciones. 

Castigar al que vendió una casa y "encanutó" los dólares, o al que compró 200 dólares por mes en el mercado paralelo, como si fuera un narcotraficante o un empresario que sobrefacturó importaciones, parece injusto. 

Esas normas antilavado, firmadas en acuerdos internacionales con el FMI o el GAFI, pueden sonar razonables en países con economías estables, pero en Argentina suenan como un traje que no nos calza.

Sin embargo, la propuesta de Milei no está exenta de críticas. Los que pagaron impuestos o se sumaron a blanqueos anteriores, con reglas claras, se sienten traicionados. "¿Qué hacemos los que cumplimos?", preguntan. 

Desde la oposición, el temor es que este blanqueo abra la puerta al lavado de dinero ilícito, como el proveniente del narcotráfico. Argentina, como firmante de normas antilavado y parte de acuerdos con el FMI, tiene compromisos internacionales que no puede ignorar. 

La implementación no será tan sencilla como se plantea.

La postura de Milei, que en algún momento llegó a calificar al evasor como una suerte de "héroe" por resguardar sus ahorros, es profundamente controvertida. 

Para algunos, roza la apología del delito; para otros, refleja una comprensión visceral de la realidad argentina. Es cierto que las normas internacionales, como las leyes ambientales que limitan exportaciones en el Cono Sur, a veces parecen diseñadas para países que no vivieron nuestras crisis. Pero también es cierto que relajar los controles puede tener consecuencias graves, tanto en términos de justicia como de credibilidad internacional.

¿Cómo equilibrar la necesidad de reactivar la economía con la responsabilidad de no premiar el delito? Si castigamos a millones de argentinos que, por desconfianza o necesidad, guardaron dólares fuera del sistema, corremos el riesgo de llenar las calles de "elefantitos" mientras el verdadero "elefante" del crimen organizado pasa desapercibido. 

Pero si abrimos la puerta sin filtros, podríamos legitimar lo ilegítimo. Milei apuesta por la libertad económica, pero el tema en cuestión será encontrar un mecanismo que no sacrifique la justicia ni los compromisos internacionales.

Fuente: Cadena 3