La audiencia de medidas cautelares por la causa del presunto espionaje ilegal en Santa Fe habilitó a los imputados ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain y otros ex funcionarios de esa cartera a continuar lo que resta del proceso en libertad, debiendo cumplir varias medidas alternativas a la prisión preventiva. Para Sain el juez interviniente impuso la prohibición de salir del país y de tener armas de fuego.

El pedido de prisión preventiva de Sain y otros imputados había sido formalizado días atrás por la querella del diputado provincial de la UCR Maximiliano Pullaro. Y a esa petición terminaron adhiriendo las restantes querellas, excepto la presentada en su momento por la Fiscalía de Estado santafesina.

Asimismo, la mayoría de las querellas no estuvo de acuerdo con las medidas alternativas para que Sain eludiera la prisión preventiva. Por ese motivo, la audiencia de cautelares había pasado ayer a un cuarto intermedio.

Finalmente, el magistrado determinó que los imputados, para poder seguir el resto del proceso en libertad, deberán cumplir varias medidas alternativas: prohibición de salir del país (excepto María Agustina Moulins, ex empleada de Seguridad, quien deberá solicitar autorización) y de portar armas, además de abonar un caución real y entregar pasaportes, entre otros puntos.

Junto Sain y Moulins fue imputado el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro. Para fiscalía, se trató de una organización de estructura piramidal, encabezada por el criminólogo, como jefe, seguido por la entonces directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman, como organizadora, en el ministerio y la ex directora del Organismo de Investigaciones (perteneciente al Ministerio Público de la Acusación, MPA) Débora Cotichini —destituida ayer durante un juicio disciplinario—, también como organizadora.

Paralelamente, Jorge Patrizi, juez de Investigación Penal Preparatoria de Santa Fe, encabeza una audiencia para debatir un eventual paso al fuero federal de la causa por el presunto espionaje ilegal.

La medida fue dispuesta por el magistrado a partir de un nuevo planteo de los abogados Hernán Martínez (defensor de Sain) y Juan Lewis (patrocinante de otros cinco imputados), que consideran que el espionaje ilícito debe ser investigado por la Justicia federal.

Fuente:Uno Santa Fe