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FERNANDEZ

24 de agosto de 2020

La decisión más osada

Claves. El presidente decidió jugar la carta más valiosa y declarar a internet, televisión por cable y telefonía como servicio esencial. Se mueve el clima político en Santa Fe al compás de halcones y palomas. La interna oficial.



La decisión de declarar servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión paga, además de congelar valores, es la iniciativa más osada de Alberto Fernández desde que es presidente.

   Sabe el jefe del Estado que esta sorpresiva movida de las piezas del tablero caerá bien en las clases medias, que ya no saben cómo hacer para mantener ciertos estándares de calidad de vida. Francisco Bochatón tiene un disco que se llama “La tranquilidad después de la paliza”. Sirve para entender la escena.

   Abandonada casi a su suerte la cuarentena, en el peor momento de la crisis sanitaria, todos los gobernantes empiezan a pensar en el estado de las cosas materiales, aun con el coronavirus girando a velocidad máxima. Así debe leerse la medida de Fernández sobre cable, internet y telefonía celular.

El impacto del congelamiento de tarifas y pase a servicio público esencial tiene una repercusión mucho mayor porque impacta directamente en el Grupo Clarín, el más odiado por Cristina Fernández, pero el históricamente más cuidado por Alberto Fernández.

   El hoy presidente fue el elegido por Néstor Kirchner para mantener la armonía, los privilegios informativos y la buena relación con la corporación mediática. Lo dijo Martín Sivak, el autor del excelente libro “Clarín, la Era Magneto”, en una entrevista con La Capital: “Alberto Fernández era el canciller de Clarín”. Un mito citadino recorría el ambiente periodístico, según el cual Fernández había logrado el privilegio de tener antes los títulos de portada.

   En casa de herrero, cuchillo de palo. Ahora, Fernández es presidente por una decisión de la persona que más odia a esa corporación. Pero él, esperaba otro trato.

   La decisión es más arriesgada y práctica que las que aplicó Cristina alrededor de la ley de medios. Involucra ingresos y les pone límites a la expansión y/o retracción de la telefonía celular, cable e internet. Pero no hay que apegarse a conceptos fuera de órbita, como intentar pegar como una oblea esta decisión con la primaria iniciativa de expropiar Vicentin.

   En la entrevista de hoy con Andrés Malamud, el politólogo que reside en Portugal (al que nadie podría tildar de peronista) avala la decisión oficial de declarar como servicio público a la conectividad digital y considera razonable la suspensión temporaria de aumentos temporarios (ver página 22). Habrá que esperar para ver cómo el movimiento (que se demuestra andando) impacta en las empresas que, es verdad, a veces compran en dólares y pagan en pesos.

   A la hora de analizar fundamentos laterales no hay que dejar de lado el antiquísimo gambito político de tapar un elefante con otro elefante. La reforma judicial tiene chances de convertirse en otro caso Vicentin, aunque los interesas sectoriales de una potencial expropiación genera más revuelo que un episodio que involucra al Poder Judicial.

   Todas estos temas de agenda han reavivado el fuego opositor, que llegará al turno electoral del 2021 encarnado en los halcones y no en las palomas. El sector más radicalizado de Juntos por el Cambio es el que está dando la pelea callejera y política. Tienen tiempo para hacer videoconferencias por Zoom. Horacio Rodríguez Larreta debe gobernar.

   Patricia Bullrich es y será la cabecera de playa de un discurso poco tolerante, bien sesgado a la derecha, evitando que aparezcan otros que le ganen el espacio. La bolsonarización del discurso opositor no progresista está más cantado que el Himno Nacional. Otra vez, habrá que esperar para saber si ese tono derramará en la provincia de Santa Fe.

   Es lo que empieza a evaluar Miguel Lifschitz. El actual presidente de Diputados es candidato cantado a senador nacional, pero una nacionalización de los comicios legislativos lo haría evitar esa posibilidad. No hay que olvidarse el antecedente de 2017, cuando Albor Cantard ganó las elecciones a diputado nacional, o las de 2015 a senador, con Hermes Binner en el cuarto lugar.

   Para escalar a una senaduría nacional, además, Lifschitz debería tener un reemplazante propio en la poltrona de la Cámara baja. Sabe que algunos radicales le dicen “Miguel, animate y andá”, con la idea de sucederlo en el trono legislativo. El que no corre, vuela.

   El liderazgo interno de los halcones de derecha en la interna de Juntos por el Cambio borra de cuajo la posibilidad de un “frente de frentes” con el progresismo santafesino y limitará la incorporación de radicales que proponían unir a las partes. Sí se consolida el mantenimiento en el macrismo de dirigentes como José Corral y otros.

   En cambio, en el Frente Progresista de la provincia de Santa Fe todavía creen en el retorno de dirigentes como Mario Barletta. Esa sopa vaya uno a saber con qué ingredientes termina.

   En el peronismo, Omar Perotti va manso y tranquilo, como aquella canción de Piero con Prema. Aunque no se han descartado movimientos de gabinete más cerca de fin de año, el gobernador (al igual que Fernández) sabe que el resultado final de su gestión también tendrá que ver con la economía, aunque más con la seguridad. Tiene al mando de los números a un especialista que, al margen de críticos y adherentes, sabe de lo que habla: Walter Agosto.

   

 

   Cerca del gabinete hacen trascender una interna eterna entre Agosto y Rubén Michlig, tan histórica como el mismo peronismo santafesino. Por eso, desembarcó Marcos Corach. Los ojos de Perotti en el gabinete.

   “No se hablan ni se saludan”, exageró una fuente. A la hora de empezar a negociar con Pablo Javkin el salvataje financiero, los que estuvieron fueron Agosto y Corach. “El gobernador tuvo que resolver los términos del acta”, amplió la fuente. Pero todo eso es consumo interno del micromundo provincial, que empieza a evaluar cómo jugara las fichas Perotti a la hora de confeccionar las listas.

   Las roscas empiezan a estar cerca del horno.

Fuente:La Capital

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