El presidente Alberto Fernández postuló ayer un “nunca más” a la Justicia utilizada para “saldar discusiones políticas” y pidió que esté en “manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”, al presentar la iniciativa del gobierno de reforma judicial.

   “Sólo busco hacer la República que todos declaman, pero algunos humillaron”, expresó el presidente, al encabezar el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco; y el futuro consejo asesor de las reformas judiciales.

   Tras un repaso histórico sobre el vínculo entre la Justicia y los gobiernos que lo precedieron, desde la última dictadura militar, Fernández advirtió que los cuatro años de la gestión de Cambiemos “estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”.

   A modo de ejemplo, mencionó el decreto 257 de Mauricio Macri, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal, y el hecho de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “volvió a quedar bajo un manto de sospecha” con el permiso que se le otorgó para manejar “fondos reservados” y “participar de pesquisas judiciales”.

   “Hemos visto cómo el influjo del poder político y también de otros poderes, fue operando sobre la decisión de algunos jueces”, planteó.

   “Se hizo uso de doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas; de esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”, remarcó el presidente.

   Consideró, en contraposición, que el sistema judicial “debe apegarse a las normas y abstraerse de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia” y, para eso, juzgó que “el poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”.

   “Busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron”, manifestó el jefe del Estado y consideró que “nadie debe sorprenderse” de la propuesta de su gobierno porque —recordó— en varias oportunidades, antes de asumir y al inaugurar la Asamblea Legislativa, anticipó su objetivo de “consolidar una Justicia independiente”.

   Ese fin, dijo, se alcanza con una “mejor” organización de la Justicia federal para que ese fuero supere “la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento” en su competencia penal.

   “La ley debe imponerse en forma igualitaria con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor”, insistió.

   El proyecto tiene como columna vertebral la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.

   Propone también la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías y completar la transferencia de competencias penales a la Capital Federal.

   Del acto participaron también los once miembros del Consejo Consultivo: Carlos Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo (por videoconferencia), Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanián, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

   Los once juristas asesorarán al presidente en varios aspectos del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la implementación del sistema acusatorio, entre otros.

   De esas recomendaciones para una “mejor administración de Justicia” saldrán los proyectos de ley que el Congreso deberá debatir, explicó el presidente, y advirtió: “Ninguna sociedad avanza sin un servicio de Justicia que solo responda a la necesidad de imponer la ley allí donde se ha quebrantado”.

   El presidente adoptó para su propuesta de “fortalecer” la Justicia federal en el interior del país un capítulo sobre esa cuestión, incluido en el programa “Justicia 2020” del gobierno de Cambiemos, presentado ante el Senado por Humberto Schiavoni, Federico Pinedo y Luis Naidenoff, entre otros legisladores ahora opositores.

   “Estoy seguro de que no es hora de imponer decisiones: es hora de que esas decisiones seamos capaces de construirlas en conjunto”, afirmó el presidente, para cerrar su discurso, que fue seguido en forma presencial y virtual por legisladores, juristas y académicos.

La oposición la compara con la Corte menemista

Diputados de la Unión Cívica Radical se expresaron ayer en contra del proyecto de Reforma Judicial que se girará al Senado nacional y señalaron que esa iniciativa busca “reeditar la Corte Suprema de los 90”, al referirse al tribunal que se diseño durante la gestión del ex presidente Carlos Menem.

   De esta manera, legisladores radicales se refirieron al proyecto presentado ayer por el presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno y a la creación de un consejo de juristas que asesorará acerca de los cambios en el sistema de administración de Justicia.

   El vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna, afirmó que “no tiene sentido convocar a una comisión para analizar algo probadamente degradante para las instituciones de la República”.

   “Solo se busca darle un barniz académico a una decisión ya tomada de reeditar la Corte de los 90”, añadió.

Menemismo

“La ampliación de la Corte nos hace retroceder 30 años. El menemismo la llevó de 5 a 9 jueces en abril de 1990 para generar vacantes y formar una mayoría que avalara las decisiones de un gobierno que integraron muchos de la actual gestión. El ministro de Justicia era entonces León Arslanian”, indicó Menna.

   “Esa Corte le sacó la causa al juez que había dictado una medida cautelar por las irregularidades en la privatización de Aerolíneas. Nacía el per saltum por pedido del entonces ministro (Roberto) Dromi, que posibilitó vender la empresa de bandera por el precio de dos aviones”, apuntó.

   El diputado mendocino Luis Petri sostuvo a su vez que “la Comisión asesora busca darle un barniz académico a una decisión ya tomada para hacerse del control de la Corte y garantizarse el resultado de las causas de corrupción”. “Apuesto a que sus integrantes mayoritariamente coinciden en qué hay que ampliarla”, continuó.

   Por su parte, el diputado Alvaro de Lamadrid remarcó que “la reforma de la Justicia es la destrucción de la Justicia”.

   “Nada tiene que ver con mejorarla, hacerla más transparente o brindarle más eficiencia; se busca aniquilar todo vestigio de independencia judicial, cooptarla y hacerla servil y domesticada. Ir al modelo de Santa Cruz”, sostuvo.

   El diputado Jorge Vara anticipó, por su parte, que “no vamos a avalar ningún proyecto de reforma que implique impunidad”.

   “Sabemos que el país debe mejorar su servicio de Justicia, pero no a expensas de favorecer a quienes buscan sacar réditos personales con la reforma. Esto implicaría empeorar el servicio”, completó.

fuente: la capital