Más de un millón y medio de hectáreas permanecen anegadas tras las intensas lluvias en Chaco, que arrastra un fuerte impacto en el sector productivo desde comienzos del verano. El escenario empeoró en los últimos días con el temporal, y aún se esperan más precipitaciones.

En este contexto, más de 50 productores nucleados en Federación Agraria Argentina (FAA) se reunieron con el gobernador, Domingo Peppo, quien prometió agilizar las gestiones para acceder a fondos nacionales de asistencia, dado que la situación complicó seriamente la cosecha en la provincia.

En concreto, Peppo informó que solicitó al Ejecutivo cerca de $1.000 millones para el sector productivo, además de financiamiento para ayudar a productores afectados en el marco de la emergencia hídrica que se declaró a principios de año.

“Teníamos perspectiva de la cosecha récord pero se fue todo con el agua. Hoy tenemos que ver no sólo cómo se sigue sino como se subsiste”, lamentó Peppo durante el encuentro.

En tanto, el ministro de Producción provincial, Marcelo Repetto, remarcó que la  situación es “muy delicada”, y afirmó que “esta última lluvia tuvo el agravante de que se sumaron otras localidades de la provincia, donde el sector productivo es muy importante”.

“Los daños son significativos, estábamos en plena campaña de cosecha de algodón y soja y el panorama no es el más alentador ya que hay probabilidades de más lluvias”, aseguró.

El caso de Juan Lambroski, productor de la Montenegrina, es uno de los ejemplos. “Perdimos hectáreas de girasol que no se pudieron cosechar, gastos que se hicieron para la rotación de cultivo y que no se pudo sembrar. Los lotes quedaron parados pero el gasto se hizo”, contó. Y agregó que las acciones de desagote perjudican a los campos que se encuentran agua abajo. “Entendemos que es importante sacar el agua de las casas, pero muchas veces eso nos perjudica. Venimos del girasol pedido, soja perdida y ahora tenemos la época para sembrar trigo, que ya está perdida”, expresó.

Finalmente, FAA solicitó actualizar los fondos por Ley de Emergencia Agropecuaria y pasar de los actuales $500 millones fijados en 2009 a por lo menos $5.000 millones.