El caso de Santa Fe contra el Gobierno Nacional no está en la lista de “casos madre” que la Corte Suprema publicó a principios de año. No aparecía en la agenda pública de fallos que realizarían en el 2019 y sin embargo con la efervescencia de estos días, se coló entre los temas a discutir. En abril, podría decidir justamente sobre uno de estos temas.

El caso que debate la Corte es sobre un reclamo de la provincia de Santa Fe, contra el Gobierno nacional, por retenciones presuntamente indebidas de fondos de coparticipación. Según detallaron fuentes judiciales, están en juego entre 45.000 y 60.000 millones de pesos. Un antecedente le juega en contra al Ejecutivo: el 19 de febrero, el Máximo Tribunal falló a favor de San Luis, que tenía una demanda similar.

La historia del reclamo de Santa Fe al Gobierno data de 2001, cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa, su ministro de Economía Domingo Cavallo y el jefe de Gabinete Christian Colombo firmaron un decreto para recortar los recursos que enviaban a las provincias para financiar a la ANSeS y la AFIP.

En enero de 2006, como presidente, Néstor Kirchner extendió ese recorte, que fue aceptado por todas las provincias menos Córdoba, San Luis y Santa Fe, que presentaron sus demandas.

En noviembre de 2015, según rememoró el diario Clarín, a dos semanas de asumir Mauricio Macri y con  Cristina Kirchner de salida, el presidente electo se encontraba con una desagradable sorpresa judicial/económica: la Corte fallaba a favor del reclamo de las tres provincias por esos descuentos indebidos de coparticipación. Unos 8.000 millones de pesos por año que debería ceder (o dejar de retener) a Córdoba, Santa Fe y San Luis. Pero además, la sentencia firmada entonces por Lorenzetti, Maqueda y Carlos Fayt le fijaba un plazo para acordar con los distritos el pago del retroactivo. Ahora, si decide nuevamente a favor de Santa Fe habrá que acordar cómo Nación le pagará la deuda histórica a la provincia.