La Justicia federal imputó al presidente, al director médico y a un profesional de una clínica privada de Pergamino acusados de defraudar al Estado nacional mediante la facturación de consultas y prácticas médicas que nunca fueron realizadas a afiliados del Pami. La maniobra habría generado un perjuicio económico superior a los $3,2 millones actualizados a noviembre de 2025.

La investigación es llevada adelante por la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, y fue formalizada ante el juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo. Los imputados son el presidente y el director médico de la Clínica Centro SA de Pergamino, acusados como coautores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, y un médico de la institución señalado como partícipe necesario.

Según la acusación, entre abril y diciembre de 2024 se validaron y facturaron 191 Órdenes Médicas Electrónicas (Omes) correspondientes a consultas y estudios médicos que nunca se concretaron. Las prestaciones figuraban a nombre de 28 afiliados al Programa de Atención Médica Integral (Pami).

La Justicia dispuso para cada uno de los acusados una caución real de 10 millones de pesos y la prohibición de salir del país durante 90 días, mientras avanza la investigación.

Cómo funcionaba la maniobra

De acuerdo con la fiscalía, los directivos de la clínica habrían utilizado datos personales de afiliados que nunca se atendieron en el establecimiento, ubicado en Pueyrredón 840 de Pergamino, para cargar prestaciones inexistentes en el sistema oficial de PAMI.

Para ello, utilizaban el número de DNI y el número de trámite de los afiliados, simulando que habían concurrido al centro médico para consultas o prácticas que luego eran facturadas y cobradas por la institución.

El médico imputado habría emitido 110 de esas OMES falsas. Según la investigación, solo entre junio y agosto de 2024 confeccionó 87 órdenes médicas y presentaba un promedio de emisión de entre 4 y 8 segundos por paciente, un lapso considerado incompatible con una atención médica presencial real.

Además, la fiscalía indicó que las órdenes médicas incluían estudios como electrocardiogramas y radiografías bajo diagnósticos genéricos de “control general de salud”.

La denuncia que inició la investigación

El caso comenzó en marzo de 2025, luego de que una afiliada enviara un correo electrónico a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI, encabezada por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo.

La mujer advirtió que en su historial de la aplicación de PAMI figuraban estudios y prácticas médicas que nunca se había realizado. Aportó capturas de pantalla donde aparecían al menos seis órdenes médicas emitidas en septiembre de 2024.

A partir de esa denuncia, la fiscalía realizó llamados telefónicos a distintos afiliados y comprobó que varios desconocían las prácticas registradas a su nombre.

Allanamiento y auditoría

La investigación incluyó entrevistas, análisis de direcciones IP, tareas de campo y un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina en la clínica.

Durante el procedimiento, los investigadores detectaron que no existían historias clínicas de los pacientes involucrados, documentación exigida tanto por PAMI como por la legislación vigente.

Además, un informe de auditoría realizado por PAMI el 26 de agosto de 2024 ya había advertido graves irregularidades en la clínica, entre ellas falta de personal, incumplimientos administrativos y carencias en equipamiento médico.

Muchos afiliados señalaron también que evitaban atenderse en ese centro de salud debido a la mala atención y optaban por concurrir al hospital público.

Para la fiscalía, todos esos elementos refuerzan la hipótesis de que las prestaciones médicas nunca existieron y fueron transmitidas falsamente para obtener el cobro indebido de fondos públicos.

Fuente: Aire Digital