La reforma electoral que el Gobierno de Javier Milei anunció enviar al Congreso reabre una discusión de fondo sobre el sistema político argentino. Bajo el paraguas de la "modernización", la iniciativa combina tres ejes sensibles: la eliminación de las PASO, la implementación de la ficha limpia y cambios en el financiamiento de los partidos. Cada uno, con implicancias distintas, pero atravesados por una misma lógica: reconfigurar el tablero electoral.

El punto de la ficha limpia aparece como el más difícil de cuestionar en términos conceptuales. La idea de impedir que personas con condenas penales puedan ser candidatas tiene un consenso social amplio y responde a una demanda histórica. Sin embargo, su derrotero legislativo reciente muestra que ese consenso no siempre se traduce en votos. El antecedente en el Senado, donde la iniciativa cayó por la sorpresiva ausencia de dos legisladores, dejó en evidencia que incluso las reformas “básicas” pueden naufragar en la lógica política. Esta vez, el oficialismo apuesta a que haya voluntad suficiente para aprobarla.

Más complejo es el debate sobre las PASO. Creadas durante el kirchnerismo como un mecanismo para ordenar la oferta electoral, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias terminaron derivando en un sistema híbrido, que en muchos casos perdió su razón de ser. Cuando no hay competencia interna, la elección se convierte en un trámite costoso y de dudosa utilidad. Esa distorsión alimenta el argumento oficial para eliminarlas.

Pero las PASO también cumplieron un rol clave en momentos decisivos. Fueron el instrumento que permitió consolidar la candidatura de Mauricio Macri dentro de Cambiemos y, más recientemente, funcionaron como una vidriera que amplificó el crecimiento electoral del propio Milei en 2023, antes de imponerse a Sergio Massa en el balotaje. Es decir, un mecanismo cuestionado por su funcionamiento también resultó útil para ordenar y visibilizar liderazgos.

La discusión, entonces, no es solo técnica sino política. ¿A quién le conviene hoy mantener o eliminar las PASO? Para el oficialismo, que no enfrenta internas competitivas, su eliminación simplifica el camino. Para el peronismo, en cambio, podrían ser una herramienta para dirimir tensiones internas, especialmente si figuras como Axel Kicillof deben disputar liderazgo dentro del espacio. En el medio, un eventual armado de “tercera vía” —con sectores del radicalismo, el PRO y partidos provinciales— también podría encontrar en las primarias un mecanismo de ordenamiento.

El tercer eje, el financiamiento político, abre un debate aún más delicado. Reducir o eliminar el aporte estatal puede implicar un retorno más marcado al financiamiento privado. El problema es que, en la práctica, ese financiamiento nunca desapareció. La diferencia es que muchas veces opera en zonas grises, con escasa transparencia. La incógnita es si una reforma puede realmente transparentar el origen de los fondos o si, por el contrario, profundizará la opacidad en un sistema donde históricamente conviven aportes legales con otros de difícil trazabilidad.

En este escenario, la reforma electoral parece moverse en dos planos. Por un lado, introduce cambios que buscan responder a reclamos institucionales, como la ficha limpia o la racionalización del sistema de primarias. Por otro, se inscribe en una lógica de oportunidad política, donde cada modificación impacta en la estrategia electoral de los distintos actores.

Sin embargo, hay un dato que atraviesa todo el debate: la distancia entre la agenda política y las preocupaciones sociales. Mientras el Congreso discute reglas electorales, gran parte de la ciudadanía mantiene el foco en la economía. La reforma puede ser relevante para el sistema, pero no necesariamente ocupa el centro de la escena pública.

En definitiva, el desafío no es solo cambiar las reglas, sino hacerlo de manera que fortalezca la confianza en el sistema. Porque sin credibilidad, ninguna reforma —por más ambiciosa que sea— logra cumplir su objetivo.

Fuente: Cadena 3