En los próximos días comienza uno de los debates más áridos, complejos y decisivos del año político argentino: la discusión de los presupuestos. No sólo el nacional, que suele acaparar la atención pública, sino también los 24 provinciales —incluido el de la Ciudad de Buenos Aires— que, sumados, delinearán la política fiscal de todo el país en 2025.

Esta vez el juego será más crucial que nunca. En ese entramado de cifras y planillas se definirá si el país logra consolidar una política fiscal restrictiva, capaz de acompañar la baja de la inflación sin recurrir a la emisión monetaria. También, si hay margen para comenzar a reducir algunos de los impuestos más altos e inequitativos que pesan sobre la economía argentina.

El tablero es amplio: cerca de 1.500 legisladores provinciales y nacionales intervendrán en la elaboración y aprobación de los distintos presupuestos. De las “tormentitas de ideas” que surjan de esos ámbitos —como las llamó un analista— dependerá el rumbo fiscal del año próximo.

En el Congreso nacional ya se perfila la primera disputa: la oposición busca imponer un presupuesto antes de la renovación legislativa del 10 de diciembre, mientras que el oficialismo pretende que la discusión recaiga en el nuevo Congreso, en el que confía tener mayor respaldo político.

Los gobernadores, por su parte, ya marcaron su prioridad. Más allá de las fotos y los gestos de acompañamiento a la gestión nacional, la discusión pasa por los fondos. Las provincias reclaman más transferencias y asistencia, especialmente para las cajas jubilatorias que no fueron transferidas al ANSES. En el proyecto oficial se destinarían 123.000 millones de pesos a ese rubro, pero los distritos aseguran que necesitan diez veces más.

En Buenos Aires, Axel Kicillof busca la aprobación de un presupuesto de 43 billones de pesos y la autorización para endeudarse por 3.000 millones de dólares, una medida que incluso choca con su tradicional discurso contra el endeudamiento. En Córdoba, en tanto, se espera la definición sobre la posible rebaja de Ingresos Brutos y el aumento del impuesto inmobiliario, mientras se analiza un eventual revalúo de inmuebles.

El panorama nacional muestra que en 2024 la Nación redujo su gasto real un 26,2%, mientras que las provincias lo hicieron en un 15,5%. Esa diferencia explica, en parte, por qué el Gobierno nacional pudo eliminar o reducir varios impuestos, como el impuesto PAIS y algunas retenciones. Las provincias, en cambio, ajustaron más por necesidad que por convicción, ante la reducción de transferencias.

Hasta ahora, no se han visto señales claras de que los gobiernos provinciales adopten la misma política de austeridad que promueve la administración nacional. En los hechos, según los datos oficiales, mientras la Nación bajó su gasto público de 15 a 14,6 puntos del PBI, las provincias y municipios lo aumentaron de 16,6 a 17,3 puntos.

En definitiva, el país se prepara para una partida simultánea, con 25 tableros y alrededor de 1.500 jugadores. Cada uno moverá sus piezas en función de sus intereses políticos, económicos y territoriales. Lo que está en juego no es menor: ¿Los legisladores se van a comportar representando a los que pagan impuestos, a los que tienen que pagar los impuestos, o se van a comportar representando a los que viven y se consumen esos impuestos?

Fuente: Cadena 3