En Argentina, parece que nos encanta vivir en una fantasía colectiva donde las promesas se apilan, las leyes se sancionan con bombos y platillos, pero la pregunta clave siempre queda sin respuesta: ¿De dónde sale la plata? El caso de las jubilaciones es un ejemplo perfecto de esta hipocresía estructural. Se prometen aumentos, se firman leyes, se debaten moratorias, pero al final, todo queda en la nada. 

La oposición impulsa una ley jubilatoria que no solo plantea aumentos por encima de la inflación, sino que reabre moratorias para sumar medio millón de jubilados más. Suena lindo, pero nadie explica cómo se paga. Y mientras tanto, los que sí aportaron, los que trabajaron toda su vida, terminan cobrando migajas, yendo a juicio, ganándolos y, aun así, no ven un peso. Es una burla.

Esto no es nuevo. Hace años, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Corte Suprema tuvo que intervenir para ordenar que se actualizaran las jubilaciones, congeladas desde 2005, y que se pagaran los más de 500.000 juicios acumulados. ¿Resultado? Una deuda multimillonaria que nadie sabía cómo saldar. 

Después vino la "reparación histórica" bajo Macri, otro intento de tapar agujeros. Pero aquí estamos, en 2025, con el mismo problema: derechos que se votan en el Congreso, pero que son impagables. Y los que sufren son los jubilados que confiaron en un sistema que los traiciona una y otra vez. Si todos los juicios se ganan, ¿Qué más prueba necesitamos de que todo está mal hecho?

El problema no es solo con las jubilaciones. Miren el caso de las pensiones por discapacidad, otro ejemplo de este "pensamiento mágico" que nos caracteriza. En Catamarca, un juez federal, Guillermo Martínez, acaba de fallar que se sigan pagando pensiones, incluidas muchas que son fraudulentas. ¿Por qué? Porque es más fácil mirar para otro lado que enfrentar el desastre. En Catamarca, hay 427 certificados de discapacidad por cada mil personas. En La Rioja, una provincia comparable, son 310. En San Juan, 387. Pero en Mendoza, ¡44! ¿Qué explica esta diferencia abismal? No es que en Catamarca sean más discapacitados que los mendocinos. Es el caos, la falta de control, el “revoleo” de certificados. Y mientras los que realmente necesitan las pensiones cobran una miseria, los que se cuelan en el sistema se llevan lo que no les corresponde.

Lo peor es que limpiar este desastre tiene un costo político altísimo. Nadie quiere ser el "malo" que revisa, revalida o corta beneficios mal otorgados. En el Congreso, todos se visten de buenos, rechazan vetos y prometen más derechos, pero nadie dice cómo se financian. Es más fácil seguir mintiendo, seguir abriendo la puerta al descontrol. Y nosotros, como sociedad, también tenemos nuestra parte: nos gusta que nos mientan. Nos encanta escuchar promesas, aunque sepamos que no se cumplen. "Mentime que me gusta", decimos, mientras el sistema se desmorona.

Fuente: Cadena 3