Pero hay momentos en la historia de la provincia que marcan un antes y un después. El 10 de septiembre de 2025 quedará escrito en los manuales de la política santafesina como el día en que, después de más de seis décadas, la legislatura y la Convención reformadora dijeron “sí” a una nueva constitución. No fue un trámite menor ni un gesto protocolar: fueron 52 votos a favor y 17 en contra los que sellaron la decisión de reemplazar el viejo texto por una carta magna con 161 artículos y 27 disposiciones transitorias. Una reforma profunda, amplia y cargada de simbolismo.

La primera lectura es política: hubo un amplio consenso. En tiempos de polarización extrema, que más de las tres cuartas partes de los convencionales coincidieran en darle luz verde a un texto común es un dato enorme. Se puede discutir si el consenso fue genuino o producto de la necesidad. Lo cierto es que la política santafesina entendió que no podía seguir postergando un debate que llevaba décadas cajoneado.

La foto del recinto, con manos levantadas en conjunto, expresa un mensaje que excede a Santa Fe: todavía es posible en Argentina construir acuerdos amplios. Y no sobre cualquier cosa, sino sobre las reglas de juego más básicas.

Un nuevo acuerdo político

La Constitución no es un documento decorativo. Es un contrato político y social. La de 1962 había quedado vieja atada a un mundo que ya no existe. La de 2025 llega con la promesa de aggiornarse a los desafíos de este siglo: justicia independiente, paridad de género, autonomía municipales reales, derechos de tercera y cuarta generación, mecanismos de participación ciudadana, reconocimiento del ambiente, la ciencia y la tecnología.

En lo estrictamente político, uno de los debates más sensibles giró en torno a la reelección. Finalmente se habilitó la posibilidad de un segundo mandato para el gobernador y otras autoridades electivas, con límites claros para evitar perpetuaciones. Es un cambio sustancial: el sistema santafesino, hasta ahora, era una rareza en el mapa nacional por su prohibición absoluta. El nuevo esquema busca equilibrar gobernabilidad con alternancia.

Justicia: independencia bajo la lupa

El corazón del debate estuvo en la justicia. La reforma introduce ajustes en la composición de la Corte Suprema provincial, en los mecanismos de designación de magistrados y en los órganos de control. La intención declarada es fortalecer la independencia judicial, pero también establecer mayores contrapesos frente a los abusos y demoras.

Santa Fe arrastra una crisis de confianza en su sistema de Justicia, especialmente por la inseguridad y el avance del narcotráfico. La Constitución no resolverá por sí sola esa crisis, pero fija un marco normativo que puede ser el inicio de una transformación más profunda. Ahora la pelota estará en el ejecutivo, el legislativo y, sobre todo, en los propios jueces.

Autonomías municipales: el salto pendiente

Otros de los grandes avances es el reconocimiento pleno de la autonomía municipal. Rosario, Santa Fe y decenas de ciudades medianas y pequeñas reclamaban hace años la posibilidad de dictar sus propias cartas orgánicas y decidir con mayor libertad la organización de sus gobiernos. La reforma responde a esa demanda.

La pregunta clave es cómo se traducirá en recursos. La autonomía sin financiamiento es un cascarón vacío. La Constitución sienta la base, pero el verdadero partido se jugará en la coparticipación provincial, en la distribución equitativa y en la capacidad de los municipios para administrar sus nuevos derechos sin agrandar las desigualdades territoriales.

Participación ciudadana: más allá del voto

La reforma también incorpora mecanismos de democracia participativa: consultas populares, audiencias públicas, presupuestos participativos. Es una novedad que abre la puerta a que la ciudadanía no sea solo espectadora, sino protagonista del debate público.

Claro que las normas por sí solas no garantizan nada. Habrá que ver si los gobiernos están dispuestos a someterse a la opinión ciudadana en temas sensibles o si la participación se limita a gestos simbólicos. La experiencia argentina enseña que los institutos de democracia directa suelen ser usados con cuentagotas. Aquí la ciudadanía tiene la oportunidad de exigir que el papel se convierta en práctica.

La religión y el estado: hacia un laicismo moderno

Un capítulo particularmente debatido fue el vínculo entre el estado y la religión. La Constitución de 1962 mantenía referencias que hoy chocaban con la diversidad cultural y espiritual de la sociedad santafesina. El nuevo texto avanza hacia un Estado laico, que garantiza libertad de culto y conciencia sin privilegiar a ninguna confesión.

No se trata de borrar la tradición religiosa de la provincia, sino de reconocer que el Estado debe representar a todos, incluso a quienes no profesan fe alguna. En un país donde estos debates suelen encender pasiones, Santa Fe optó por la modernidad sin renegar de su historia.

El propio Papa Francisco, allá por el 2016, defendió el modelo de Estado laico, con una sólida ley de libertad religiosa que permita expresar la fe en público y garantías para ejercer la objeción de conciencia.

“Un Estado debe ser laico. Los Estados confesionales terminan mal. Esto va contra la historia. Creo que una laicidad acompañada de una sólida ley que garantice la libertad religiosa ofrece un marco para avanzar, dijo en aquella oportunidad el pontífice.

El desafío de la implementación

El gran riesgo ahora es la distancia entre la letra y la realidad. Las constituciones no cambian sociedades por decreto. Todo dependerá de la implementación: de las leyes que reglamenten los nuevos artículos, de la voluntad política de cumplir lo escrito, de la presión ciudadana para que no quede en promesas.

La provincia ya conoce la frustración de reformas incompletas. Si esta Constitución se convierte en un listado de buenas intenciones, la decepción puede ser grande. La política se juega su credibilidad en como traduzca este nuevo marco normativo en mejoras concretas para la vida de la gente.

Una oportunidad histórica

Con 52 votos afirmativos y 17 negativos, la Convención Reformadora le dio a Santa Fe una nueva Constitución que fue jurada el pasado viernes 12 de septiembre. El acto protocolar tuvo la solemnidad habitual, pero lo verdaderamente importantes es lo que empieza después: la construcción de una nueva etapa institucional.

La provincia tiene ahora la oportunidad de demostrar que los consensos no son solo fotografías de un día, sino procesos sostenidos en el tiempo. Si logra hacerlo, Santa Fe habrá dado un ejemplo al país: que aún en contextos de crisis y descreimiento, la política puede volver a ser el espacio donde se escriben las reglas para vivir mejor.

Epílogo: el peso de un número

La reforma no se explica solo por sus artículos ni por sus disposiciones transitorias. Se explica también por un número: 52. Ese fue el caudal de votos que la hizo posible. Y en política, los números son símbolos. Cincuenta y dos convencionales entendieron que había llegado la hora de dejar de lado diferencias coyunturales y pensar en la provincia a largo plazo.

Ese es, quizá, el mayor legado de esta reforma: haber recordado que la política no es solo pelea, sino también construcción. Santa Fe tiene una nueva Constitución. Y con ella, la posibilidad de empezar a escribir otra historia.

Fuente: LT9