La causa judicial que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) está en su punto más álgido, a semanas de las elecciones generales. La última información muestra el entramado de sospechas, borrado de mensajes, visitas sospechosas y un gobierno que, hasta ahora, no logra articular una defensa convincente frente a la tormenta.

El martes, la Justicia dio un paso clave al abrir uno de los dos teléfonos entregados por Diego Spagnuolo, figura central del caso. Uno de los dispositivos no funcionaba y aún no fue analizado, pero el otro, que sí estaba operativo, arrojó datos que son llamativos: se encontraron mensajes eliminados, algunos de ellos borrados la semana pasada. El fiscal solicitó al juez que ordene a la empresa proveedora de datos un informe detallado sobre la fecha exacta de esas eliminaciones. Curiosamente, en el teléfono no hay registros de chats con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ni con el presidente Javier Milei, a pesar de que Spagnuolo visitó 39 veces la Quinta de Olivos y 48 veces la Casa Rosada. Este vacío comunicacional levanta sospechas, ya que los mensajes eliminados podrían involucrar a funcionarios de alto nivel.

Otro dato relevante es que el teléfono analizado comenzó a ser utilizado en agosto de 2024, coincidentemente cuando se presume que fueron grabados los audios que destaparon el escándalo. La sincronía entre el cambio de teléfono y la aparición de las grabaciones alimenta las especulaciones sobre una posible operación para ocultar información.

En paralelo, la Justicia avanza en otra línea de investigación por encubrimiento contra el jefe de seguridad del country donde residen los hermanos Kovalivker, también implicados en el caso. El martes se secuestraron registros de la guardia y videos del barrio privado, además del legajo de Ariel De Vincentis, el jefe de seguridad, quien aseguró estar de vacaciones al momento del allanamiento, pero admitió su responsabilidad de verificar la orden judicial. Este frente busca determinar si hubo un aviso previo a los hermanos sobre el operativo policial.

• El silencio ensordecedor del Gobierno

Mientras la justicia acelera, el gobierno de Javier Milei hace silencio. Solo Martín Menem y su hermano, Eduardo "Lule" Menem, señalado como posible intermediario de las coimas, salieron a hablar. El resto de la administración optó por el mutismo durante una semana, hasta que esta semana comenzaron a ensayar explicaciones. La narrativa oficial apunta a que el caso es una "operación política" basada en grabaciones ilegales, posiblemente de hace meses, que resurgen en el contexto electoral. Sin embargo, que sea una operación no exime al Gobierno de la obligación de dar respuestas claras y convincentes.

La falta de un discurso sólido deja al gobierno en una posición de indefensión, especialmente en un momento donde la credibilidad política es crucial. Hasta que la justicia determine responsabilidades, la percepción pública dependerá de la capacidad del oficialismo para desmentir las acusaciones. 

Por ahora, esa capacidad parece limitada, y el impacto se siente en la campaña electoral.

• La pata económica: un gobierno bajo presión

El escándalo no solo tiene consecuencias políticas, sino que agrava un panorama económico ya frágil. La incertidumbre generada por el caso debilita la confianza en el Gobierno, lo que impacta directamente en la capacidad del Banco Central para gestionar los pesos en circulación. Para evitar una corrida inflacionaria, el Gobierno tomó deuda en pesos, heredada de la emisión descontrolada de gestiones anteriores. Sin embargo, ante un gobierno percibido como débil, los inversores exigen tasas cada vez más altas para prestar. 

El martes, por ejemplo, los plazos fijos alcanzaron rendimientos del 60% anual; y los bancos, con el 53% de los depósitos congelados por el Banco Central, enfrentan restricciones para otorgar créditos.

Este escenario afecta directamente a la economía real. Cammesa, la empresa que regula el mercado eléctrico, advirtió que no aceptará más cheques a tres meses de las distribuidoras, ya que descontarlos en el mercado implica pérdidas del 25%. 

El mercado automotor, tanto de autos nuevos como usados, también siente el golpe, con una caída abrupta en las ventas debido a la suba de tasas y la restricción crediticia. 

Los créditos hipotecarios en UVAs, que parecían una esperanza para muchos, ahora enfrentan cuotas más altas por el aumento de las tasas internas, en un contexto donde la inflación no cede.

• Un gobierno en la cuerda floja

Javier Milei enfrenta un triple desafío: un escándalo judicial que apunta al corazón de su entorno, una economía al borde de la recesión y una campaña electoral donde los apoyos políticos se desvanecen. 

Figuras como Luis Juez, que respaldaron al oficialismo, comienzan a mostrar fisuras, indignados por las acusaciones de corrupción, pero sin exigir cambios sustanciales en los proyectos legislativos. La oposición, por su parte, aprovecha el momento para debilitar aún más al Gobierno con golpes fiscales en el Congreso.

En este contexto, Milei debe sostener una política antiinflacionaria en medio de un terremoto político. La Justicia avanzará, pero no antes de las elecciones, y el Gobierno necesita urgentemente un discurso que contrarreste la percepción de debilidad.

Fuente: Cadena 3