La historia de YPF es un relato perfecto, casi novelesco, de cómo un cóctel de corrupción, ignorancia, demagogia e incompetencia puede disfrazarse de patriotismo para infligir un daño colosal a la Argentina. 

Lo que comenzó como una bandera de soberanía energética terminó en un fallo judicial en Nueva York que obliga al Estado argentino a desprenderse del 51% de las acciones de YPF para pagar una deuda de 16.000 millones de dólares. 

Este es el último capítulo de una saga que combina oportunismo político, maniobras dudosas y un desprecio flagrante por las reglas del juego internacional.

Ayer, la jueza Loretta Preska, desde su tribunal en Manhattan —donde Argentina, soberanamente, decidió someterse a la jurisdicción extranjera para sus contratos financieros— ratificó que el Estado debe resarcir a los accionistas minoritarios de YPF. ¿Por qué? Porque en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández y Axel Kicillof decidió expropiar el 51% de YPF a Repsol, ignoró deliberadamente a los demás accionistas, violando el estatuto de la empresa. 

Este estatuto, diseñado para proteger a los inversores minoritarios, obliga a que cualquier oferta de compra de control accionario se extienda a todos los accionistas, no solo al mayoritario. La Argentina, en un acto de arrogancia (o ignorancia) decidió que esas reglas no aplicaban. "Que se jodan", pareció ser el mensaje, incluso expresado en el Congreso. 

El resultado: una deuda de 16.000 millones de dólares que ahora pone en jaque el control estatal de YPF. ¿Por qué existen estas reglas? Porque los accionistas minoritarios, que no controlan la empresa, invierten confiando en que no serán perjudicados por decisiones arbitrarias. 

Si un gobierno estatiza una compañía para, por ejemplo, vender combustible barato y ganar elecciones, esa empresa puede dejar de generar ganancias, afectando a quienes confiaron en ella. La protección a los minoritarios no es un capricho: es una norma básica en cualquier economía seria. Argentina, sin embargo, optó por el atajo demagógico, y hoy pagamos las consecuencias.

La historia, sin embargo, no comienza en 2012, sino en 2008. En ese entonces, Repsol, accionista mayoritario de YPF, fue sometida a una serie de presiones por parte del Gobierno. Néstor Kirchner exigía más producción de gas y combustible sin aumentar tarifas, prohibía el giro de dividendos a los dueños de Repsol y limitaba exportaciones, todo en violación de los contratos de privatización de YPF. El resultado fue una Argentina con escasez de combustibles, fruto de una política demagógica que priorizaba el corto plazo electoral por sobre la sostenibilidad energética.

En medio de estas presiones, Repsol cedió y "regaló" el 25% de las acciones de YPF al grupo Petersen, liderado por la familia Eskenazi, íntimamente ligada a los Kirchner desde la privatización del Banco de Santa Cruz. 

¿Regalo? Sí, porque Petersen no puso un peso propio: adquirió las acciones con un crédito internacional parcial y, principalmente, con un préstamo de la propia Repsol. El esquema era insólito: Petersen recibía las acciones, YPF comenzaba a girar dividendos (que antes el Gobierno prohibía), y con esos dividendos pagaba las acciones a Repsol. Era como vender una casa y permitir que el comprador la pague con el alquiler que él mismo genera. Una operación tan absurda que huele a corrupción, con los Eskenazi actuando, posiblemente, como testaferros de los Kirchner.

Todo esto se justificó con el verso del "patriotismo económico" y la necesidad de crear una "burguesía nacional" que controlara empresas estratégicas. Pero el relato se derrumbó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández decidió expropiar el 51% de YPF a Repsol, ignorando a los demás accionistas. 

La empresa, en un contexto de crisis económica, dejó de pagar dividendos. Petersen, sin ingresos para pagar sus deudas, declaró la quiebra en España, donde estaban radicadas sus empresas. 

El síndico de la quiebra vendió los derechos de litigio a los fondos Burford Capital y Eton Park, que ahora reclaman los 16.000 millones de dólares. Así, el "patriotismo" de los Kirchner terminó creando un fondo buitre que hoy amenaza con despojar al Estado argentino de su control sobre YPF.

Este caso es un monumento al fracaso: una mezcla de impericia, arrogancia y, muy probablemente, corrupción. Lo que se vendió como un acto de soberanía fue un acto contra la Nación. 

Por querer inventar una burguesía nacional, terminamos regalando derechos a fondos buitres. Por ignorar las reglas internacionales, hoy enfrentamos la pérdida de una empresa estratégica. YPF no es solo una petrolera: es el espejo de cómo el populismo, envuelto en banderas patrióticas, puede llevar a un país al borde del abismo.

Fuente: Cadena 3