Una investigación administrativa intentará determinar si fue o no legal la orden de intervenir el teléfono del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. De esta manera, la denuncia penal dará paso a una auditoria contra los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí. Mientras tanto, el gobierno provincial y la conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) están convencidos de que no hubo motivación para pinchar la línea del ministro y la fiscal habría ocultado al juez que la escucha involcuraba a Pullaro. Es decir, sostienen que sería una escucha ilegal. Los dos fiscales que serán investigados fueron apartados de la causa en la que se investigaba al jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, comisario Adrián Rodríguez. En el marco de esa causa hay una escucha en la que Rodríguez habla con Pullaro sobre el concurso de ascenso a director general de policía. "Te vamos a tener que dar las preguntas, viste... como en la escuela", dice el ministro. Apullán quiso imputar a Pullaro por cohecho pasivo, pero el fiscal regional Carlos Arietti entendió que esa frase no representa la existencia de un delito. Luego apartó a Apullán y a Martí de esa causa pero estos, según el MPA, retuvieron el expediente 14 días, mientras el fiscal Ezequiel Hernández ya había sido designado para sucederlos. Pullaro denunció a los fiscales Apullán y Martí, lo que no podrá ser investigado por la Fiscalía regional de Santa Fe y que podría recaer en un fiscal de la regional de Rafaela. Además ya hay tres acciones administrativas hacia los fiscales. Una fue presentada por el intendente de Santa Fe, José Corral, quien quiere saber si era necesario el allanamiento que Apullán ordenó a la sede municipal el 10 de octubre. Otra obedece a que Apullán siguió impulsando una causa de la que había sido apartado el 12 de octubre. La tercera apunta a Martí, ya que ella pidió las escuchas de cinco usuarios de celulares, el de Pullaro entre ellos, que autorizó el juez Nicolás Falkenberg. El Colegio de Jueces de Santa Fe y el propio magistrado aseguran que el usuario de esa línea no estaba identificado. Fiscalía afirma que los fiscales sí sabían de quién se trataba.