Después de meses de discusiones, de trabajo en comisiones, escuchando a los diferentes actores del sistema, la Cámara de Diputados votó, en forma dividida, un proyecto de ley que apunta a bajar la litigiosidad laboral en la provincia y por ende bajar el costo empresarial al momento de abonar la afiliación al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

El tablero electrónico marcó 32 votos positivos contra 14 negativos al proyecto iniciado por José Corral (UCR) en septiembre del año pasado. Unidos, bloques aliados y Somos Vida juntaron los votos positivos mientras que el justicialismo y el Frente Amplio por la Soberanía se expresaron en rechazo.

La iniciativa de Corral proponía reformar algunos artículos del Código Procesal Laboral pero el dictamen llegado al recinto fruto del trabajo especialmente de la Comisión de Asuntos Laborales incorporó más retoques a ese compendio y agregó dos capítulos y disposiciones transitorias. Un capítulo amplio versa sobre el fortalecimiento del Observatorio de las comisiones médicas y el otro aplica nuevas reformas a la ley 14.003 por el cual Santa Fe adhirió a la norma nacional sobre ART.

Los radicales José Corral, Martín Rosúa y Dionisio Scarpin más los socialistas Joaquín Blanco y Mariano Cuvertino plantearon las dificultades que tiene el sistema generando sobrecostos para los empresarios, especialmente de pequeñas y medianas empresas. En cambio, desde el justicialismo Lucila De Ponti y Celia Arena advirtieron sobre la posible inconstitucionalidad de la norma y desde la izquierda expusieron en total rechazo, Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver.

Corral destacó el rico debate que tuvo el tema en la Cámara que inclusivo el Poder Ejecutivo habilitó en Extraordinarias. "La intención central es bajar los sobrecostos que el sistema de ART le trae al sistema productivo para mejorar la competitividad de las empresas y fomentar el trabajo registrado".

Según el radical, los sobrecostos no son dineros que van al trabajador ni a las empresas sino al sistema burocrático. Corral expuso datos comparativos del costo del sistema tanto a nivel nacional como en provincias vecinas donde las firmas santafesinas son las que más abonan por el servicio producto de la alto litigiosidad pese a la baja accidentología. "Modificamos las medidas procesales y desvinculamos a los peritos del resultado del juicio" remarcó.

"Hay cada vez menos accidentes laborales pero cada vez más juicios" insistió Rosúa, autor de un proyecto sobre la materia.

Antes, De Ponti admitió la importancia de trabajar en bajar la litigiosidad pero -para el PJ- el enfoque es erróneo y puede ser inconstitucional. Luego, Arena marcó que el problema está en las enfermedades profesionales y no en la accidentología laboral.

Blanco, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, comisión encargada de las audiencias y de escuchar a las partes actuantes del sistema, se detuvo en historiar y radiografiar un sistema, el de ART, que tiene una decena de jugadores importantes, entre ellas tres de origen cooperativo que tienen sede en la provincia, los casos de Sancor, La Segunda y San Cristóbal. El sistema facturó en 2025, 2700 millones de dólares, informó.

"Este es un primer paso, habrá que dar otros más en el futuro" señaló y marcó la necesidad de una profunda reforma al fuero laboral en la provincia de Santa Fe.

"Nos toca mejorar el sistema y ese será una instancia", repitió el socialista para insistir en que el objetivo central es reparar a los trabajadores que sufren problemas laborales y proteger a las empresas. Marcó que recién ahora, la Corte Suprema de Justicia le tomó juramento a tres peritos oficiales cuya designación había sido habilitada en 2018.

"Es una reforma parcial y necesitamos verificar los resultados, por eso las reformas al Observatorio" marcó y luego Cuvertino se refirió a ese artículo. Ambos instaron a un trabajo coordinado entre los actores, como ministerio de Trabajo de la provincia, la propia Corte Suprema de Justicia y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.