¿Por qué hago esta introducción? Porque hay dos o tres cuestiones que tienen que ver directamente con la economía, pero que también se entrelazan con la política. Lo mencionamos la semana pasada: el tema de las retenciones es, en esencia, una decisión económica, pero fue tomada también con un fuerte enfoque político.

Por un lado, se bajaron las retenciones debido a la presión creciente del sector agropecuario en las zonas donde Javier Milei tiene un caudal de votos potencial en aumento. Sin embargo, hay un "lado B" en esta medida. El ministro Caputo está viendo cómo, debido al aumento de las importaciones —es decir, al gasto de dólares por parte del Banco Central—, las reservas están disminuyendo. Por eso, apuró a los productores agropecuarios con la siguiente estrategia: "Te bajo las retenciones, pero me vas a tener que liquidar rápido y en grandes volúmenes de acá a junio".

Esto incluye una particularidad en la reglamentación: si un productor declara tener un determinado stock de soja, al momento de liquidar debe vender el 95% de ese stock. Desde el punto de vista del liberalismo económico, esta medida tiene poco y nada de "liberal", ya que obliga a vender una cantidad específica, lo que es contrario a los principios del libre mercado. Sin embargo, la necesidad tiene cara de hereje para el ministro Caputo. La gran pregunta es cómo digerirá esta decisión el sector agropecuario.

Es poco probable que Milei pueda sostener esta baja de retenciones más allá de junio, ya que para entonces la campaña electoral estará en pleno auge. Además, los productores agropecuarios tendrán suficiente stock debido a la cosecha gruesa, que se levanta entre marzo, abril y mayo.

Por otro lado, hay otras cuestiones económicas locales que se vinculan con el ámbito nacional. Por ejemplo, existe una valoración positiva de muchos sectores —cordobeses, santafesinos, entrerrianos, mendocinos— hacia los esfuerzos de Milei por sanear la economía. Los resultados obtenidos, como la baja en la inflación y la reactivación económica gradual, son percibidos favorablemente por un amplio sector de la población.

Sin embargo, también hay una contracara. Hay una observación crítica hacia las administraciones provinciales. Si revisamos la agenda pública de provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos o cualquier otra, encontramos un creciente disgusto de los contribuyentes respecto a los aumentos en los impuestos provinciales. Por ejemplo, en Córdoba se generó una fuerte reacción cuando llegaron los cedulones de rentas. Pero esta situación no es exclusiva de Córdoba; se repite en prácticamente todas las provincias.

Esto genera una mirada crítica hacia cómo se administra, cuánto se cobra y cómo se gasta el dinero público en las provincias y municipios. Y aquí radica un punto clave: lo que se valora positiva o negativamente en la gestión de Milei también se extenderá a los gobernadores.

Este no es solo un problema económico, sino también político, que impactará en este largo "embarazo electoral" que recién comienza.

Fuente:Cadena3