En Argentina, ser expresidente no asegura paz. Desde Bartolomé Mitre hasta Alberto Fernández, muchos han enfrentado la justicia tras dejar el poder.

La historia muestra un patrón: en tiempos de crisis, como los golpes que derrocaron a Yrigoyen en 1930 o a Isabel Perón en 1976, las acusaciones fueron herramientas políticas. 

Sin pruebas sólidas, Yrigoyen terminó preso; Isabel, detenida sin juicio justo. 

En la democracia post-1983, las causas contra Menem, Cristina Kirchner, Macri y Fernández se dan en un sistema judicial más robusto, pero igual de polémico.

El poder protege, pero solo temporalmente. Cuando los fueros caen, la justicia llama. Menem fue condenado por tráfico de armas y sobresueldos; Cristina, por la Causa Vialidad, aunque apelaciones y fueros han frenado las penas. 

En contraste, dictadores como Videla enfrentaron condenas firmes por crímenes de lesa humanidad, un hito tras 2003.

Pero estas causas van más allá de los tribunales. Las investigaciones contra Cristina y Macri desatan acusaciones de lawfare, una supuesta guerra judicial para neutralizar líderes. Para unos, es justicia; para otros, persecución. Esta polarización divide a la sociedad: donde algunos ven corrupción, otros ven venganza política.

En Argentina, justicia y política se entrelazan. Los procesos a expresidentes reflejan una verdad incómoda: el poder no garantiza impunidad, pero tampoco juicios imparciales. ¿Es la justicia un espejo de la verdad o un arma política? La respuesta sigue en disputa. 

Fuente: Cadena 3