Como expuso el autor en artículos precedentes, la reforma está formalmente en proceso y permite poner en agenda cambios sin precedentes que acompañen las medidas del gobierno de Javier Milei, que proponen un Estado más eficiente y cuidadoso de los recursos de los argentinos. En ese marco, buscando un debate que realmente nos lleve a una estructura constitucional santafesina superadora, de la ciudadanía -representada por cada uno de los habitantes de los 365 Municipios y Comunas- deben salir las verdaderas propuestas para la reforma. Vale destacar que se refiere a ciudadanía por aquellos vecinos de a pie, a los empresarios, comerciantes, a la gente del campo y ciertas instituciones representativas de la vida civil, con problemas, esfuerzos y sacrificios reales.

Si se avanza en lo que exclusivamente le interesa a la clase política, algún intendente podrá asignarse nuevas competencias o roles que le demandan sus ciudadanos, sin el consecuente financiamiento, sin explicar de dónde salen los fondos para hacer lo que pretende. Esta advertencia va en consonancia con las propuestas que emana el gobierno nacional cuando plantea devolverle a las provincias parte de sus competencias fiscales para aplicar el principio fiscal de correspondencia. Es decir, cada nivel de gobierno debe autosustentarse o sostener fiscalmente sus propios gastos sin depender de la “billetera” de Nación, de las relaciones personales de los dirigentes a cargo de un nivel y otro o del endeudamiento público, que tanto daño le hace al pueblo y a las generaciones venideras.

Por ello, debería analizarse en paralelo la reforma de la vieja Ley de coparticipación provincial para así profundizar la descentralización fiscal a favor de los entes locales. No hay dudas de que un gestor local (Presidente Comunal/Intendente) conoce mejor las necesidades y preferencias de sus vecinos que un Ministro provincial. Un cambio de estas características llevaría a tornar más eficiente el gasto público y el manejo del erario público. Habría controles ciudadanos más fuertes donde se podría limitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos por parte de los políticos irresponsables.

Finalmente, la racionalización de las relaciones entre provincia y municipios/comunas llevaría a expandir competencias y facultades más allá de las oficinas que se encuentran en Santa Fe y Rosario. La ciudadanía de cada localidad alejada de las 2 grandes metrópolis santafesinas vería con buenos ojos que todo esté mas cercano, bajando tiempos y gastos que lo único que hacen es agrandar los problemas diarios de los vecinos.

Fuente:El Litoral