Pese a la recesión, la provincia de Santa Fe cuenta con 14 industrias por cada mil habitantes y se ubica en tercer lugar a nivel nacional en cuanto a cantidad de unidades productivas en relación a la población total.

Los datos pertenecen al Departamento de Control de Gestión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que realiza un monitoreo constante tanto de la cantidad de trabajadores cubiertos por el Sistema de Riesgos (es decir, formalizados) como de las unidades empleadoras a escala nacional.

El panorama general marca un achicamiento constante en los últimos 10 años (2014-2024), pasando de 577.218 empresas a 538.304, acompañando una contracción de la economía del 3,6%; esto es un achicamiento del 7% del parque industrial (38.914 establecimientos).

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Otro dato preocupante es que todas las provincias, sin excepción alguna, perdieron empresas en relación a la cantidad de habitantes con que se mide la tasa. Algunas de manera preocupante, como Tierra del Fuego (-7,7), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-5,5) y Mendoza (4,5).

La situación de las industrias en la provincia de Santa Fe

Santa Fe está tercera entre las provincias que menos empresas perdieron, pero igualmente muestra un achicamiento que va de 17,1 cada mil habitantes, en 2014, a 14 cada mil habitantes en 2024, deriva que impulsa el achicamiento constante del empleo formal en nuestra provincia (se perdieron 11.500 puestos en los últimos doce meses según el último informe de FISFE), sólo comparable a los efectos de la pandemia y con una salvedad: en la postpandemia la provincia había generado 43 mil nuevos puestos de trabajo formales, superando con creces los 35 mil destruidos por el gobierno de Mauricio Macri y la crisis sanitaria.

En otros términos: en diez años, Santa Fe mejoró su posición en el ranking de cantidad de empresas sobre el total de la población, pasando del cuarto puesto al tercero, pero sólo porque cayó menos que Tierra del Fuego. Veamos las primeras posiciones para sacar algunas conclusiones con apoyo gráfico.

Puede verse que las provincias con mayor cantidad de empresas se han posicionado con cifras negativas, ninguna creció, sino que cayeron menos que las 18 restantes. Llama particularmente la atención el caso de Neuquén, donde desde hace más de 20 años se explota la segunda reserva mundial de gas del mundo y la cuarta de petróleo no convencionales. Esta es una de las provincias llamadas a traccionar un boom de inversiones, con la consecuente expansión de unidades productivas ligadas al complejo hidrocarburífero extractivo y la creación de puestos registrados.

Según datos del INDEC, el nivel de desocupación del conglomerado Neuquén/Plottier (Vaca Muerta se despliega mayormente en la Cuenca neuquina) es del 6,3%, por encima del promedio de la Región Patagonia (5,4%). Incluso con el dato cierto de que muchas empresas de servicios abandonaron el yacimiento de Cerro Dragón para concentrarse en Vaca Muerta. “Dragón muerto, vaca viva”, era el chiste amargo de los sindicatos petroleros que veían cómo se abandonaban zonas completas en Chubut y Santa Cruz. Pues parece que no tanto.

Pandemia, inflación, impuestos y recesión: las razones de una caída persistente

El empresariado identifica éste proceso como multicausal. Y sitúa el punto de arranque la crisis cambiaria de 2018, agravada por las dificultades que aportó la pandemia global del covid, la inflación que descapitalizó a muchas empresas, la litigiosidad laboral o la complejidad y las inequidades del sistema tributario; pero muy pocos señalan las responsabilidades del actual gobierno en el desplome del consumo del mercado interno, inducido por una retracción salarial histórica.

Igualmente, el “oficialismo industricida” de las patronales empresarias está por producir un recambio resonante: al cierre de ésta nota se confirma que Paolo Rocca ya tiene un nombre para reemplazar al servicial pero desgastado Daniel Funes de Rioja, cuando culmine su mandato al frente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Es otro abogado, empresario también, es decir que “no confunde un clavo con un tornillo”.

Pero volviendo al eje de la nota, si bien la contracción en cantidad de unidades productivas es característica del último decenio, conviene mensurar las magnitudes de los últimos nueve años, según datos de la AFIP. El siguiente cuadro presenta el número total de empresas (micropymes, medianas y grandes) al mes de corte de cada mandato desde 2015 y el provisorio del actual gobierno para el período enero-junio 2024.

Como puede apreciarse, desde que dejó el gobierno el Frente para la Victoria hasta junio del presente año, se perdieron punta a punta 42.795 empresas. Los cierres al cabo de la gestión de Cambiemos siguen siendo los más significativos con 24.505. El gobierno del Frente de Todos presentó una novedad cuya complejidad no será explicada en éste artículo, durante su mandato cerraron 6.554 empresas, pero con un promedio de creación de empleos registrados de 24.500 por mes (1.175.000 hacia final del mandato) y un 23% de los trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza (hoy son más de dos millones de personas y representan un 30% de los asalariados privados).

Pero el caso más resonante es el del gobierno de Javier Milei, que en seis meses de recesión produjo el cierre de 11.736 unidades productivas, casi la mitad del daño que Macri le propinó al complejo empresarial, pero ¡en 4 años! El efecto sobre el desempleo puede medirse con la cantidad de puestos formales creados o caídos por mes.

Un dato revelador sobre el empleo creado en los últimos diez años lo aporta el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (IDESA), en base a estadísticas oficiales: sólo uno de cada 20 empleos creados entre 2014 y 2024 se produjo en el sector privado formal; 15 de cada 20 fueron empleos informales o cuentapropistas y cuatro fueron empleos en el sector público, ya sea nacional, provincial o municipal.

En la lógica de la reglamentación de la Ley Bases a través del decreto 847/24, es casi imposible que ésta tendencia se revierta a favor del “empleo de calidad” o registrado. Básicamente porque se permite la contratación de hasta tres monotributistas o autónomos como “trabajadores independientes” sin relación directa con empleadores y amplía el período de prueba (hasta ocho meses para empresas de entre seis y 100 empleados), durante el cual se puede contratar a un trabajador sin plenitud de derechos.

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Sumado a que se dejó fuera del blanqueo para regularizar trabajadores no inscriptos, a las trabajadoras de casas particulares. Lo que deja a 1,2 millones de personas (mayoritariamente mujeres) en la misma precariedad de siempre y en un sector que tiene niveles de informalidad del 70%.

Menos empresas, más desempleo, más informalidad y más pobres asalariados, una fórmula a la que millones de argentinos y argentinas (entre ellos varios gobernadores que ajustan como un servicio a la patria y a sus votantes) creen que hay que darle tiempo.

Fuente: aire digital