Un tema que ha captado la atención de la opinión pública es el veto a la ley de movilidad jubilatoria aprobada en el Senado. Este asunto no solo es relevante por su impacto en los jubilados, sino también por las implicancias políticas y legales que conlleva.

La ley fue aprobada con 61 votos a favor y 8 en contra, superando las dos terceras partes necesarias. A través de esta nueva fórmula, se establece un aumento de más del 8% para los jubilados a partir de enero, un ajuste que la oposición considera necesario para compensar las pérdidas sufridas por los jubilados debido a la inflación desde la asunción del presidente Javier Milei. Sin embargo, el presidente ya adelantó su intención de vetar esta ley, argumentando que contradice su objetivo de alcanzar un déficit fiscal cero.

En este contexto, es fundamental entender qué sucede cuando se veta una ley. Ariel Rodríguez, quien conversó con diputados de la oposición, explicó que el presidente tiene la opción de vetar total o parcialmente la ley. Si el veto es total, la ley no entra en vigencia y debe ser comunicada a la cámara de origen, que en este caso es la de Diputados. Si se repiten las votaciones y se ratifica con dos tercios, el veto perdería su efecto. La judicialización ante la Corte Suprema podría ser una consecuencia, lo que generaría una escalada institucional compleja.

El constitucionalista Félix Lónigro planteó otro escenario interesante: si el presidente decide no vetar, podría optar por una promulgación tácita. Esto ocurriría si no se pronuncia en un plazo de 10 días, lo que llevaría a que la ley quede automáticamente promulgada. Sin embargo, surge la pregunta de qué pasaría si el presidente se niega a publicar la ley, ya que esta entra en vigencia solo tras su publicación. Aquí se presenta una laguna legal que podría llevar al Congreso a tomar medidas para ordenar la publicación.

El costo fiscal de esta nueva fórmula jubilatoria es significativo, y la falta de claridad sobre de dónde se obtendrán los fondos para el aumento del 8% es un tema que no puede pasarse por alto. La discusión se complica aún más al considerar que el Gobierno busca mantener un déficit fiscal cero. Esto plantea un dilema político para el presidente, quien debe equilibrar las demandas de los jubilados con su compromiso fiscal.

Históricamente, el Congreso ha tenido dificultades para ratificar leyes que han sido vetadas. Desde el regreso de la democracia, solo en 36 ocasiones se ha logrado aprobar una ley vetada previamente. Este dato resalta la complejidad del proceso legislativo y el poder que tiene el presidente en la toma de decisiones.

La situación actual es un reflejo de la tensión entre las necesidades de los jubilados y las políticas fiscales del Gobierno. Los jubilados, que han aportado durante años, merecen un trato justo y equitativo. La decisión que tome el presidente respecto a este veto no solo tendrá repercusiones económicas, sino también políticas, y será un tema a seguir de cerca en los próximos días.

Fuente: Cadena 3