—¿Cómo analiza el informe del OSP que muestra la gran sobrepoblación de presos en las comisarías y cárceles?

—Sin hacer mucha evaluación cualitativa, el informe del OSP habla de un dato objetivo que es el hacinamiento. El mismo gobierno dice: “Nosotros estamos hacinando a la gente en nuestro espacio”. Las comisarías no están hechas para contener presos sino para brindar seguridad a la comunidad. El año pasado la provincia había superado los 7.000 presos en el servicio penitenciario, lo que fue una situación de alarma. Del año pasado a hoy hay 8.270. A mí me llama la atención que un organismo del propio Ministerio de Seguridad brinde esta información que la obtiene de sus propias fuentes y de la fiscalía, sin consultar ni trabajar paralelamente con nosotros que somos los que estamos semana a semana adentro de las cárceles y que tenemos una información mucho más desagregada, pormenorizada y en algunos casos hasta individualizada. Tenemos una información mucho más rica que esto que el mismo gobierno saca a relucir y que además en los hábeas corpus no lo vienen presentando. Cuando estamos en audiencias no nos presentan esta información, lo que reclamo es un trabajo mas coordinado con la Defensa Pública.

—¿Cómo repercutió en esto el hecho de que el Servicio Penitenciario haya pasado de la órbita del Ministerio de Gobierno a la del Ministerio de Seguridad?

—En términos numéricos y de inversión de presupuesto creo que la situación ha empeorado al estar todo bajo una misma órbita. Ya antes a que se den estos cambios el servicio penitenciario tenía déficit presupuestario como es sabido y ahora se intensifica. Estos son dos ámbitos que vienen con el mismo problema estructural de largo tiempo. Por un lado, la parte policial de comisarías y alcaldías son espacios policiales que no están creados ni pensados para el transcurrir de la pena porque no tienen forma de apuntar a un programa de resocialización. Están saturados y sobrepoblados.

—¿Falta infraestructura en el servicio penitenciario, puntualmente en las cárceles, para paliar esto?

—Se construyeron dos o tres pabellones más y se inauguró una unidad penitenciaria en Rosario pero ya partiendo de una base de sobrepoblación y ahora se sumaron 1.000 presos más. A esto se le suma el poco flujo de egreso, porque las salidas transitorias y las libertades condicionales no son concedidas por el endurecimiento de las penas y del modo de cumplirlas desde el año 2004 en adelante, luego del caso Blumberg. No se está a la altura de las circunstancias. Esto repercute sobre todo en las cárceles más grandes como la Unidad 1 de Coronda, la Unidad 2 de Las Flores y la Unidad 11 de Piñero.

Cárcel de Las Flores, Santa Fe. Servicio penitenciario

Archivo UNO Santa Fe

—¿Cómo incide en la seguridad el hecho de que las comisarías estén sobrepobladas?

—El hacinamiento resta otros servicios que son directos a la comunidad y que inciden en la manera en que se logra paliar la inseguridad que se está viviendo sobre todo en las grandes ciudades. El peor lugar se da en La Capital, en la Unidad Regional I. En la alcaldía de Rafaela tenemos presentado un hábeas corpus de larga data por haber allí una sobrepoblación de presos por encima del 100%. Hay que entender que los presos en estas sedes policiales están todo el día mirando el techo pensando quién sabe qué y además se le resta servicios a la comunidad. Esos policías que deberían estar cuidando a la gente se tienen que quedar a atender a los presos y no están haciendo el trabajo que deben hacer. A esto se le suman otras situaciones que se vienen dando repetidamente como las fugas, con todo el temor que genera en los vecinos.

—Usted circula regularmente por las unidades penitenciarias. ¿Cuáles son las situaciones más complicadas que identificó en las cárceles?

—Yo armé un programa para recorrer todas las semanas todas las cárceles de la provincia, además de tener un equipo que pertenece al registro que hace monitoreo e inspecciones anunciadas y también sorpresivas. Aquí encontramos situaciones particulares de anormalidad siempre, sumado al hacinamiento que es estructural en el servicio penitenciario. Por ejemplo, tuvimos una denuncia de unos cuantos internos que se encontraban esposados a las rejas en Piñero, el año pasado. Hice la correspondiente denuncia ante el fiscal general por lo que fue lisa y llanamente un hecho de tortura prohibido y condenado.

Dra. Jaquelina Balangione, defensora General del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

UNOSF/Jose Busiemi

—¿Podría decirse que las cárceles en lugar de paliar la inseguridad la fomentan?

—Con esto, uno de los problemas más graves es el siguiente. Caminamos los pabellones y notamos que hay unos 80 internos que están mezclados indiscriminadamente si están o no procesados o condenados. Luego está el preso "de alto perfil” como lo llaman las autoridades penitenciarias, quien puede ser el jefe de una banda criminal y aparece junto con un principiante o ladrón que robó pero que nunca ejerció fuerza ni lesionó a ninguna persona. Estos son generalmente muchachos jóvenes que inician una vida de ese tipo y que son captados. No todos los presos pertenecen a bandas criminales ni gestionan delitos adentro de las cárceles.

Y agregó: "Esto es un tema que debe solucionar el Estado con una gestión en la que se distribuyan los presos entre primarios, alto perfil, que no se los ponga todos juntos. El servicio penitenciario debe ser reorganizado para brindar la posibilidad de la resocialización, pensando en la persona que está presa pero también pensando en la sociedad que es la que espera que salga mejor esa persona de la cárcel, no peor. Las mismas autoridades que tienen a cargo la investigación y la gestión dicen que la cárcel es una escuela de donde salen perfeccionados para la delincuencia. Lo único que se les ocurre es recortar derechos a los presos y lo único que se genera es más bronca, más resentimiento, más posibilidad de que se unan entre ellos para generar actividades delictivas".

—¿Cómo se está accionando sobre esto desde la defensoría pública?

—Por toda esta situación en el servicio penitenciario nosotros tenemos planteados recursos de hábeas corpus. Como parte del rol funcional que nos cabe en el Estado santafesino realizamos este tipo de denuncias pero no con un afán meramente denunciante como para llegar a una sentencia condenatoria o llegar a los organismos internacionales, sino que son denuncias en busca de una solución. Esto sirve para que un juez diga lo que hay que hacer sin avanzar sobre las competencias que son exclusivas del Poder Ejecutivo y para que el Poder Ejecutivo tenga esa herramienta que es una orden judicial para poder pelear en el presupuesto. Todo esto es una cuestión económica, en gran medida lo que se invierte. Nosotros tenemos una información cualitativa del servicio penitenciario que está a disposición en nuestro informe anual en base al registro de violencia institucional, porque cabe dentro de los conceptos de violencia institucional estructural.

—¿Dónde recae la responsabilidad de esta situación en el servicio penitenciario?

—Yo creo que acá hay un problema de gestión que no es de este gobierno ni del anterior, sino que es de arrastre porque siempre es lo que menos interesa. Las personas privadas de la libertad son un colectivo que está en especial situación de vulnerabilidad, nos guste o no aceptarlo. Todas estas cuestiones de hacinamiento en cárceles y recorte de derechos lo único que hacen es agravar la situación del servicio penitenciario.

Fuente:Uno Santa Fe