En el acto anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el presidente Alberto Fernández hizo un ensayo de pararse en la vereda de enfrente. Opinó que el foco debe estar puesto en la creación de trabajo y no en flexibilizar el régimen la indemnización por despido. Con una firme recuperación traccionada por la obra pública y privada, la construcción es uno de los sectores que volvió al nivel de empleo prepandemia. También es uno de los rubros en los que el gobierno eligió mimetizarse con la agenda corporativa: convertir los programas de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad en un subsidio salarial a las empresas a través de una especie de empalme. Una suerte de ATP en el subsuelo de la escala salarial.

En ese recrudecimiento de la lucha de clases poselectoral, algunos gremios plantaron bandera, como los aceiteros, rechazaron las iniciativas a favor de los despidos y llamaron a dar la batalla gremial, política y cultural, para defender los derechos de los trabajadores.

“Rechazamos estos proyectos que pretenden hacernos retornar a los inicios del capitalismo, cuando la explotación de la fuerza de trabajo era ilimitada y no existían los derechos laborales conquistados a lo largo de siglos gracias a la lucha de nuestra clase trabajadora y al movimiento obrero organizado”, afirmó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA).

Reiteraron que “el único camino para salir de la compleja situación que atraviesa nuestro país es preservando y creando trabajo digno, con ingresos como dictan el 14 bis de la Constitución y el 116 de la ley de contrato de trabajo”.

Al calor de estas y otras disputas, el frente gremial gana protagonismo. Durante este mes podría convocarse a un paro en el cordón industrial en rechazo a la decisión de la empresa Dow de cerrar su planta de Puerto San Martín. Una avanzada que se hace en abierto desafío a los pedidos de los gobiernos provincial y nacional. En este último caso, a pedido del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó a la firma “no innovar, no alterar ni modificar los activos productivos que posee en la localidad santafesina de San Lorenzo para evitar que dispongan de los activos”.

En la macro, mientras tanto, se agita la discusión presupuestaria. El gobierno nacional tiene un margen importante para gastar sin afectar sus propias metas fiscales, cuyo cumplimiento fue muy estricto hasta agosto pasado. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), para alcanzar el déficit primario 2021 del 4% del PBI, esperado por el gobierno, el gasto primario tiene que pasar de caer 8% en los primeros siete meses a subir un 10% real en los últimos cinco.

Es improbable que el ministro de Economía se pase de esa raya cuando negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar pagar los abultados vencimientos de 2022. Tampoco está claro que la política se lo vaya a exigir, más allá del ruido de las declaraciones públicas. La presión sí es efectiva para que se acelere la ejecución presupuestaria. En el evento de Camarco, el propio Guzmán defendió que este año elevó el presupuesto para obra pública al 2,4% del PBI.

“El déficit fiscal primario al mes de agosto resultó del 1% del PBI, por lo que la distancia hasta el 4,5% previsto en el presupuesto 2021 o el 4% recalculado recientemente es muy grande, aún considerando que los últimos tres meses son siempre los más deficitarios por razones estacionales”, señaló el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) en su último informe.

El trabajo del centro de estudios que conduce Andrés Asiaín recordó que el gobierno nacional, una vez reorganizado políticamente el gabinete, “se concentró en mejorar la capacidad de consumo de distintos sectores sociales”. La etapa de cautela fiscal, que “implicaba costos en la propia base electoral del gobierno y entorpecía la reactivación”, parece haber quedado atrás por el momento, dijo. A su juicio, el avance del plan de vacunación y la normalización de las actividades abre “la oportunidad de lanzar un programa de fuerte reactivación con eje en la infraestructura social y que genere puestos de trabajo en sectores críticos como construcción, seguridad, salud y educación”.

“Sería una forma concreta de realizar el declamado cambio de los programas de asistencia social por trabajo”, señaló el informe, que señaló que por cada 1% del PBI destinado al sector de construcción se crean 269 mil empleos directos e indirectos.

Para el Ceso, el crecimiento por vía de la expansión fiscal “no puede basarse solamente en transferencias directas”. Citó que el modelo de 2011 a 2015, basado en la inyección de recursos con un creciente déficit fiscal, “también se enfrentó con fuertes restricciones”. Para superar esa experiencia, opinó, es importante avanzar con un “ambicioso plan de infraestructura social que dé respuesta a las demandas sociales concretas, genere puestos de trabajo en los sectores críticos y tenga la menor demanda de divisas posible para no dificultar todavía más la restricción externa”.

Una evocación del Plan Hornero, que la entidad presentó en 2019, comparte de una estrategia de “reactivación popular”.

Para el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, el gobierno “intenta resetear con más de lo mismo a una economía trabada por el exceso de gasto público”. Alertó, en esa línea, sobre “el paquete electoral en danza, con una inyección de entre $ 150 mil y $ 300 mil millones en partidas de AUH, jubilaciones y demás”. Pero también sobre el proyecto de presupuesto 2022, ya que “el gasto primario del sector público nacional, que en 2019 había totalizado el equivalente a u$s 80,5 mil millones medido al tipo de cambio oficial, trepó este año a los u$s 100 mil millones y se proyecta para 2022 en u$s 112,5 mil millones”.

“Con el recurso contable de considerar a los Derechos Especiales de Giro (DEG) transferidos desde el FMI como un ingreso corriente más del gobierno, y con el consiguiente reseteo de la cantidad de pesos que el Central legalmente puede transferirle al Tesoro, el gobierno logró ampliar el margen de emisión desde unos $ 700 mil millones a un nuevo tope de $ 1,2 billón hasta fin de año”, señaló el economista jefe del Ieral, Jorge Vasconcelos. Y agregó: “Aunque no se utilizara esa facultad al límite, no sería sorprendente que el gobierno terminara adicionando en el cuarto trimestre unos $ 250 mil millones a la emisión de origen fiscal verificada en el tercer trimestre, que se acercó a los $ 700 mil millones”. Si a esto se agrega la “emisión potencial” generada por el pago de intereses de las Leliq y los pases, la cifra podría llegar a $ 1,3 billón en el cuarto trimestre.

“De cara a 2022, haber retornado en este segundo semestre al patrón de 2020 trae aparejados riesgos para la macroeconomía cualitativamente superiores a los experimentados hasta aquí”, advirtió. La inflación, que desaceleró del 4,15% promedio mensual del inicio de 2021 al 2,88%, queda nuevamente en la mira.

Para el Ceso, en cambio, se requiere un “programa heterodoxo” para “conseguir resultados contundentes en materia de inflación y dolarización del ahorro”, dos restricciones de la economía que ponen límites a cualquier plan de reactivación. Proponen, por un lado, atacar el componente inercial del 40% incorporado a contratos y expectativas desde la crisis macrista. “Sugerimos un congelamiento de precios, salarios, tarifas y tipo de cambio durante un tiempo determinado que logre convertirse en la nueva pauta del ritmo inflacionario”, indicó.

Para administrar la escasez de divisas, propone generar una alternativa que dé respuesta a la demanda de sectores que buscan cubrirse de la inflación con el dólar. La herramienta: “Una moneda indexada que coexista con la circulación del peso, cuyo uso también pueda extenderse para las operaciones inmobiliarias”.

“Desde ya, las intervenciones cambiarias y regulatorias tienen que persistir porque son por el momento un dique de contención a la demanda en el mercado oficial, que alcanzó las 700.000 compras el último mes, a pesar de los diferenciales y restricciones que existen”, indicó el Ceso.

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Desde el punto de vista de ese centro de estudios, lograda cierta estabilidad de los precios se puede apuntar a reducir la brecha cambiaria basada con firmes intervenciones en el paralelo para generar una baja preanunciada de su cotización. “Si se logra generar credibilidad en dicha política se puede incentivar el ingreso de divisas fugadas en los últimos años, hacia inversiones inmobiliarias y productivas”, subrayaron. Y recordaron que así se financió en gran parte el proceso de recuperación e inversión 2002-2007. “Una vez estabilizada la moneda en 2002-3, el bajo precio de los activos locales fue un incentivo a la repatriación de capitales fugados”, agregó.

Pero esa y otras propuestas requieren saldar otras discusiones sobre el modelo. Los economistas del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz criticaron la visión ortodoxa que “insiste con que el resultado inevitable de cualquier política de reactivación, incluso la que tímidamente se llevó a cabo hasta el momento, tiene impacto en el nivel de precios”. Paradigma cuyos resultados se vieron luego de “los experimentos monetaristas en las gestiones de Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, que terminaron consiguiendo la inflación más alta después de la última híper en 1991”, advirtieron.

La visión heterodoxa, en cambio, ve la restricción asociada a la escasez de divisas. “Si las políticas económicas terminan impactando en los precios, en el medio lo que no se pudo controlar es la presión sobre el tipo de cambio”, señalaron desde el centro de estudios. Pero admiten que dentro de esa visión, existen, a su vez, distintas estrategias para afrontarlo: “Las principales áreas del equipo económico de Alberto Fernández se inclinan por incrementar la oferta de dólares a través de las exportaciones, principalmente primarias, para ir hacia una reunificación del mercado cambiario. Otras posiciones afines al ministro Guzmán, pero más asociadas al mercado financiero, priorizan un acuerdo con el FMI para acceder al financiamiento”.

A juicio del Ceso, la alternativa exportadora “no presenta perspectivas de crecimiento fuerte en el corto plazo”, y la financiera, de la mano del FMI, no asegura que pueda destrabar el ingreso de fondos privados. “Ya se especulaba con esa posibilidad cuando se cerró la renegociación de la deuda con los privados y, en lugar de una ola de divisas, tuvimos que enfrentar una corrida cambiaria liderada por quienes aprovechaban el efecto canje para liquidar sus posiciones en el país”, alertaron desde esa entidad.

El economista Eduardo Crespo entró en esta polémica, al afirmar, en declaraciones radiales, que en Argentina hoy se discuten tres grandes modelos. “Uno es el que más conocemos, el neoliberal que plantea una apertura unilateral en términos comerciales, financieros y, partir de ahí, por mecanismos que son bastante confusos habría una lluvia de inversiones”, explicó. Otra linea, “más nacional y popular” propone “una distribución del ingreso nada más, una economía cerrada pero con una orientación más popular, que también se encuentra con muchas restricciones”. Su alternativa “demanda tomar medidas para tener estabilidad macroeconómica” y, junto a esto “ir ordenando el sector externo paulatinamente, a través de la exportación y de lo que se pueda de sustitución de importaciones”.

Desde su punto de vista, el problema de la economía argentina “no es tanto que se distribuya mal sino que tiende a tener una insuficiencia sistemática de dólares por distintos motivos financieros y comerciales y esta dificultad traba el crecimiento”.

Una opción para captar los dólares turistas

El Ieral de la Fundación Mediterránea advirtió que con el levantamiento progresivo de las restricciones, se espera “un aluvión de vecinos de países limítrofes”, buscando aprovechar el poder adquisitivo que les confiere la brecha cambiaria.

Estimó que “el volumen potencial del plus de demanda es muy significativo, quizás equivalente al consumo de una provincia mediana-grande”. Y recordó que, antes de la pandemia, llegaron a circular un millón de personas por mes en puentes como el de Encarnación-Posadas y el de Iguazú-Foz.

La fundación apunta el riesgo de que ese movimiento se canalice por vías informales, tanto en el plano cambiario como fiscal: “El régimen cambiario vigente desde fin de 2019 ha sido diseñado de un modo defensivo, desalentando el uso de divisas por parte de los locales pero sin generar incentivos para que los extranjeros usen sus tarjetas de distinto tipo para pagar sus compras en el país”.

En ese sentido, sugirió al gobierno revisar “esa parte tan rústica del régimen y buscar la forma de que las compras de bienes y servicios por parte de extranjeros se canalicen por un canal formal, lo cual sería positivo tanto para el Banco Central como para la Administración Federal de Ingresos Públicos”.

“Establecer la liquidación de los resúmenes de cuenta a través del CCL para este tipo de transacciones, de modo espejo para locales y extranjeros, debería ser una opción a considerar”, propuso.

Fuente:La Capital