“Me cuidan las pibas. No la policía". El cartel aparece en las marchas y no solo por la desconfianza hacia los agentes policiales, sino porque uno de cada cinco femicidios registrados en el país son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. El dato lo volvió a poner en primer plano el colectivo Ni Una Menos a nivel nacional con el crimen de Ursula Bahillo, la joven asesinada por su ex pareja, un efectivo de la policía bonaerense con carpeta médica. Pero lejos está de ser un caso aislado. Días atrás, un integrante de la Fuerza Aérea mató a su pareja Ivana Módica y arrojó su cuerpo en las afueras de la localidad cordobesa de La Falda. Y Santa Fe no está exceptuada: el 30 de diciembre de 2017, Facundo Solís, integrante del Servicio Penitenciario, perpetró el quíntuple femicidio de su ex pareja, Marcela Noguera, además de la hija de ella y su novio, su ex suegra y su ex cuñada en el barrio Alfonso de la capital provincial. “No es lo mismo denunciar a un varón que es integrante de una fuerza que a cualquier otro”, dijo la subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sabrina Calabron, quien asumió el “urgente desafío de trabajar las masculinidades hacia el interior de las fuerzas de seguridad”.

Y el Observatorio de Mujeres de MuMaLá afirmó que el 12 por ciento de los femicidios que se produjeron en enero de este año fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. De ese total, el 33 por ciento fue con el arma reglamentaria.

En ese contexto, la pregunta "¿De la policía quién nos cuida?" no paró de estallar una y otra vez en las diferentes manifestaciones que se llevaron adelante durante los dos primeros meses de este año.

Acciones concretas

“Hay herramientas que venimos trabajando en relación a la participación de los varones de las fuerzas de seguridad en femicidios y, sobre todo, el tratamiento de las denuncias”, contó la funcionaria que pasó por Rosario para participar de la mesa interministerial junto a representantes de las áreas de Mujer, Género y Diversidad; Justicia, y Seguridad de la Nación y la provincia.

Calabron dejó en claro que “cuando se denuncia a un varón que es parte de la fuerza no es lo mismo que denunciar a cualquier otro” y, en ese sentido, dijo que no solo se trata de personas que “portan con un arma asignada por el Estado, lo que eleva el nivel de riesgo de las víctimas”, sino que además tienen “una red de vínculos en las fuerzas a partir de los cuales suele darse cierta connivencia”.

Esa percepción de impunidad es lo que se trata de desarticular “a través del compromiso de acompañar la judicialización de esos casos y avanzar en un tratamiento administrativo interno que permita tomar medidas inmediatas”.

Una de ellas, definida el año pasado, fue la restricción del uso de arma en forma preventiva ante la denuncia, así como la búsqueda de los registros de la tenencia de armas particulares y el procedimiento a partir de esas denuncias con equipos interdisciplinarios junto a las áreas de género. Si bien son resoluciones nacionales, se convocó a adherir a las provincias y Santa Fe ya lo hizo.

Indicadores de riesgo

Por su parte, la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, Carolina Varsky, recalcó la necesidad de avanzar “hacia una base mínima de indicadores para que cualquier persona que reciba una situación de violencia, ya sea a través de la línea 144, centro de denuncia o comisaría, pueda identificar que lo que relata la víctima indica que está en una situación de riesgo”.

Pero a eso sumó la importancia de que “los operadores judiciales hagan uso de la normativa que tienen y que los habilita, entre otros puntos, a chequear si el agresor tiene denuncias previas”.

Con una mirada crítica, además consideró que “hay elementos que ya existen, pero que los operadores judiciales no tienen en cuenta a la hora de evaluar una situación de riesgo y deberían hacerlo”.

Masculinidades

El trabajo en la construcción de las masculinidades hacia adentro de las fuerzas de seguridad es otro de los desafíos que Calabron definió como “urgentes”. La funcionaria señaló que “hay un vínculo con el uso de la fuerzas que puede volverse violento y que es particular y es necesario trabajar en no confundir el uso de la fuerza legítima que da el Estado con el uso de la violencia”.

A nivel provincial, hubo avances en ese sentido en la Policía de Santa Fe. De hecho había sido un planteo de las propias mujeres de la fuerza que en octubre de 2019, a través de un registro de la Red de Mujeres Policías, Penitenciarias y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, afirmaron que siete de cada diez mujeres policías sufrieron violencia de género en su lugar de trabajo.

Un maltrato sufrido sobre todo por parte de varones jefes y superiores en el mando y que buscaron visibilizar a través un relevamiento interno.

Fuente:La Capital