La conocida firma agroindustrial Vicentin, que entró en cesación de pagos el 4 de diciembre del año pasado, con deudas superiores a los u$ s1.500 millones, tiene actualmente en análisis tres ofertas de compra.
Al interés de la multinacional Glencore se sumó el grupo inversor CarVal, que tiene detrás al exministro menemista José Luis Manzano, a quienes se sumó en los últimos días un reconocido empresario del agro argentino, Ciro Echesortu, exCEO de Dreyfus, quien inició conversaciones con un grupo de acreedores de la firma para presentar una oferta de compra y hasta un plan para reactivar su operatoria en el corto plazo.

“Todas las ofertas de compra están bajo análisis, pero por el momento no hay ninguna preferencia. En el caso del grupo comandado por Manzano, ya había mostrado interés en diciembre cuando la firma entró en cesación de pagos, pero no se llegó a ningún acuerdo. Hoy todas las propuestas se escuchan, pero claramente la idea de los dueños es sumar un inversor y no vender, o en el peor de los casos no desmembrar la empresa”, detallaron fuentes de la empresa consultadas por un medio porteño especializado en cuestiones económicas.
En ese ámbito se admitió que el panorama para Vicentin es cada vez más complejo porque no solo están siendo investigados por la justicia, sino que también la presión del sector es cada vez más fuerte para que los productores no vuelvan a venderle granos y eso se está haciendo sentir puertas adentro.
Hasta el momento solo una de sus plantas logró volver a operar mínimamente para procesar -a fasón- unas pocas toneladas.

PROPUESTA POLITICA
Por su parte, dirigentes políticos y sociales del país propusieron al presidente, Alberto Fernández, que impulse la transformación de la agroexportadora Vicentín, argumentando que la Argentina “necesita una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos”.
Rubén Giustiniani, uno de los diputados provinciales firmantes del documento, consideró que “sería importante buscar el camino de una empresa pública no estatal. Tendrían un rol clave las cooperativas para gestionarla porque conocen perfectamente el negocio y pueden manejarlo con idoneidad. La idea que sea no estatal es para no comprarse un ‘muerto’ con una deuda de 1350 millones de dólares”, subrayó el legislador.
El legislador explicó que “no hay que permitir que una quiebra deje a los trabajadores en la calle, que el Banco Nación no cobre los 300 millones de dólares que prestó y que se termine de extranjerizar el comercio de granos que es fundamental para el país”.
La propuesta lleva las firmas de los diputados provinciales Giustiniani, Damaris Pacchiotti, Agustina Donnet y Carlos del Frade; de los concejales Caren Tepp y Juan Monteverde; de dirigentes políticos y sociales como Claudio Lozano (uno de los nuevos directores del Banco Nación), Pino Solanas, Victoria Donda, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Itai Hagman y Víctor de Gennaro y de intelectuales como Mempo Giardinelli, Horacio González y Maristella Svampa, entre otros.
En el texto, se avala la petición señalando que es necesaria tal decisión “ante la posibilidad de que las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el holding en detrimento del Banco Nación, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”.

LOS ACTIVOS EN LA MIRA
El grupo, nacido en Avellaneda, al norte de esta provincia, se declaró en cesación de pagos el 4 de diciembre de 2019, causando un fuerte cimbronazo en el sector agroexportador. Posee activos muy importantes, como el puerto de San Lorenzo, centros de acopio de granos en varios puntos de la provincia y otras vecinas.
El Banco Nación es el principal acreedor, con 300 millones de dólares.
Todo el grupo posee 7 mil trabajadores dependientes. Los que pertenecen a la algodonera, Friar y una bodega en Mendoza, perciben sus sueldos regularmente, se aclaró.
 

EN TRIBUNALES
El juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, tiene a su cargo la resolución del concurso de acreedores. Recientemente, una Comisión de Seguimiento, integrada por diputados provinciales, lo entrevistó. “El juez nos anticipó que el proceso del concurso de acreedores va a llevar más de un año para resolverlo”, añadió Giustiniani.
 

LA DEUDA
Vicentin tiene un pasivo de u$ s1.350 millones y el Banco Nación es su principal acreedor con casi el 80% del total. Unos u$ s400 millones es la deuda comercial con cientos de productores agropecuarios y cooperativas que le vendieron granos a la firma. Según se reconoce en medios empresarios, se trata del default más grande en la historia del agro argentino.

fuente: campo litoral