El Obispado de Reconquista confirmó que la Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, determinó la "dimisión del estado clerical de Néstor Fabián Monzón". La decisión llegó luego de que el sacerdote fuera hallado culpable y sentenciado a 16 años de prisión por el abuso sexual gravemente ultrajante a un niño de tres años y una niña de cuatro. Los abusos ocurrieron en la parroquia María Madre de Dios, de la que era párroco.

Un sacerdote que pierde el estado clerical —pena máxima que puede recibir en el ámbito eclesial— pierde todo derecho a ser financiado o sostenido por la Iglesia, y a ser llamado "padre" o "monseñor". Podrá ejercer su ministerio en algunos casos excepcionales, como cuando alguien en peligro de muerte le solicita los sacramentos.

Las denuncias eclesiásticas —un procedimiento judicial interno de la Iglesia Católica— se hicieron a los pocos días de la primera denuncia en la Justicia santafesina. Esto significó que la familia de las víctimas debieron volver a declarar los hechos frente a miembros de la Iglesia.

En abril de 2016 se le aplicó a Monzón la suspensión de ejercer el sacerdocio y se elevó el juicio a Roma. Ese fue el escándalo que en los pasillos tribunalicios se conoció como la del "borre todo": escuchas revelaban que la abogada del obispado, Gabriela Contepomi, le indicaba al sacerdote que eliminara todas las pruebas que pudieran incriminarlo. "Borre todo lo que tiene, borre los mensajes, borre los WhatsApp, borre todo lo que pueda vincularlo con familiares, con laicos, incluso hasta con su confesor. Yo ya lo hice y haga lo mismo con las comunicaciones que tiene conmigo y las comunicaciones que tiene con el obispo", le habría dicho. Y le advirtió que las instrucciones eran del obispo. Fue acusada de encubrimiento agravado pero resultó sobreseída en dos instancias.

Durante el juicio penal en Reconquista, en los últimos días de 2019, eclesiásticos de alto rango revelaron que la resolución del juicio canónico dictaminó, de manera unánime, la culpabilidad de Monzón luego de una investigación de 1.200 fojas. Incluso, en los alegatos del juicio en Reconquista, la abogada querellante Luciana González expresó: "Es la primera vez que un miembro de alta jerarquía de la Iglesia Católica se sienta frente a un Tribunal secular y da su testimonio. Es inédito lo que sucedió en este juicio. Dos clérigos de alto rango dentro de la Iglesia pidieron ser relevados del secreto de su oficio para prestar declaración". Dos días después, el papa Francisco levantó el secreto pontificio para casos de pederastia.

La dimisión no es definitiva, sino una primera instancia sujeta a apelaciones previstas por el derecho canónico.

"Ante estas circunstancias difíciles, acompañamos a todos los afectados, especialmente a las víctimas y sus familias, y renovamos nuestro compromiso en favor de la verdad, la justicia y la paz social", se explicó.

Otros antecedentes de esta medida se dieron en abril, agosto y octubre pasados, con la dimisión de los presbíteros Fernando Yáñez de San Rafael, Mendoza, Juan Enrique Antón, de San Nicolás, y José Gustavo Barrientos de San Salvador de Jujuy. Los dos primeros por abusos sexuales y el último por ejercer "trabajos de sanación y exorcismo sin la anuencia de la Iglesia". Otros conocidos casos como el condenado padre Grassi no fueron expulsados, como tampoco lo fueron los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, sentenciados a más de 40 años de prisión por el caso Próvolo de Mendoza.

En 2013, el Vaticano penó con la dimisión a José Nicolás Alessio por hacer "declaraciones públicas en diversos medios de comunicación, a favor del mal llamado «matrimonio» entre personas del mismo sexo".

Dimisión del estado clerical

Según la Agencia Católica de Informaciones, la dimisión o expulsión del estado clerical es la pena máxima que puede recibir en el ámbito eclesial un sacerdote cuando es declarado culpable de abusos sexuales. También se le conoce como "laicización" o "reducción al estado laical", pero esta forma dejó de usarse hace tiempo para no expresarse de modo despectivo de los laicos, cuyo estado de vida no es inferior al del clero.

En la práctica, la expulsión del estado clerical significa que se prohíbe de modo permanente el ejercicio de los derechos propios del estado clerical como celebrar misa, oír confesiones y administrar los demás sacramentos. También queda exento de sus obligaciones como el rezo de la liturgia de las horas y la obediencia al obispo.

Sin embargo, la dimisión del estado clerical no significa, en estricto, que el sacerdote ya no sea sacerdote, puesto que el sacramento del orden imprime en el varón que lo recibe un sello que nunca perderá y que la Iglesia no puede retirar ni revertir.

La ordenación sacerdotal, además de imprimir el sello en el hombre que lo recibe, también cambia su estado legal en la Iglesia, pues con ella pasa a ser un clérigo o miembro del clero.

Informe UNO Santa Fe