Fiscalía de Estado de la provincia prepara un escrito para presentar la semana próxima ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, materializará la decisión esbozada esta semana por Miguel Lifschitz de volver a judicializar el reclamo al gobierno central por la deuda de coparticipación federal. 

A valores históricos, dicha acreencia superaba los 22 mil millones de pesos. Según confió Pablo Saccone a El Litoral, la presentación incluirá una actualización del monto a cobrar -inicialmente, se había planteado una liquidación por 54 mil millones que ahora el Ministerio de Economía volverá a revisar-, y una solicitud para que se siga adelante con el proceso de ejecución de sentencia. 

Tras ello, el máximo tribunal deberá expedirse respecto de si el monto elevado por la provincia es pertinente o no, y deberá instruir a la Nación sobre cómo cancelarlo. La Casa Rosada podrá plantear disidencias, pero la última palabra la tendrá el máximo tribunal. Para ello, no hay plazos legales que respetar ni cumplir, y ése es uno de los reparos; cuánto tiempo se tomará la Corte para pronunciarse sobre una decisión de contenido netamente político.

Presupuesto

Con la esperanza casi diluida de que la provincia pueda contar con los recursos de la deuda en lo que queda del presente ejercicio, el Ministerio de Economía avanza en la redacción del presupuesto provincial 2019. El Poder Ejecutivo había solicitado una prórroga a las cámaras parlamentarias puesto que la incertidumbre nacional impedía avanzar para remitir el mensaje antes del 30 de setiembre, que es el plazo exigido por la Constitución. Según pudo saber El Litoral, el proyecto llegaría “a mediados” de noviembre a la Legislatura. 

Utilizará las mismas variables macroeconómicas empleadas por Nación -crecimiento cero, inflación de 23 por ciento y tipo de cambio 42 pesos-, y priorizará las áreas sociales. Tendrán relevancia los Ministerios de Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Social, y se tratará de sostener “lo más alto posible” el gasto de capital (inversiones). Ésa es la instrucción que impartió el gobernador Lifschitz, tras confirmar la merma de recursos nacionales que sufrirá la provincia.

Tributos

Al igual que en los últimos años, el presupuesto no incluirá cambios tributarios. Ellos estarán contemplados en un mensaje independiente, para no obstruir -eventualmente- el tratamiento del proyecto de gastos y recursos. Según pudo saber este diario, la iniciativa que se trabaja en paralelo contendría los retoques impositivos derivados del Pacto Fiscal, y que redundarían esencialmente en una reducción de Ingresos Brutos y Sellos.

En cuanto al Inmobiliario no está resuelto aún si se incluirá -como en los últimos ejercicios- un aumento de los valores en función de la inflación, o si se mantendrán los mismos montos que en 2018. Al tratarse de un impuesto de emisión propia sin actualización en su base imponible, su recaudación cae en términos reales en períodos de inflación. Pero aumentarlo en un año que estará atravesado por un proceso electoral, no sería una medida aplaudida. El tema comenzó a ser discutido en el ámbito de la Comisión de Análisis Tributario, pero no se adoptó ninguna determinación al respecto.