A fines de febrero de 2008, Guillermo Moreno, secretario de Comercio de la Nación, le propuso al gobierno de Cristina Kirchner aumentar las retenciones a las exportaciones de soja a un 63% de su valor de exportación.

Martín Lousteau -a la sazón ministro de Economía de la Nación- objetó este proyecto, pidiendo algunos días para analizarlo y consecuencia de ello generó el proyecto de retenciones móviles, que se transformaría días después en la Resolución 125. Ésta, que debería ser convalidada por el Congreso de la Nación, desataría una protesta agropecuaria de 129 días, con cortes de rutas, concentraciones masivas con gran acompañamiento de la comunidad, que culminó el 18 de julio con su rechazo en el Senado mediante el desempate del presidente Julio Cobos, con su voto “no positivo”.

Sin duda, este hecho sería la derrota política más severa experimentada por el gobierno y de alguna manera condicionaría su futuro, dando comienzo a la consolidación de un proyecto opositor, que acotaría los excesos de discriminación y arbitrariedad hacia el sector agropecuario, traducidos en la apropiación desmesurada de sus ingresos y en el cercenamiento de la capacidad de inversión, que conduciría al estancamiento de la producción agrícola.

La derrota legislativa constituyó un obstáculo insalvable para el gobierno kirchnerista, determinando que no volviera a insistirse sobre el tema. No obstante, lo que no pudo lograrse como expansión de los ingresos discriminando a la producción de soja, encontró otro camino, concretándose a través del Decreto del P.E.N.º 206 del 19 de marzo de 2009 a través del cual cedió a las provincias, municipios y comunas, el 30 % de los derechos de exportación efectivamente recaudados por la exportación de granos de soja y el 27 % de harinas y aceites, repartiéndose entre las 24 jurisdicciones provinciales (incluyendo la CABA), según los coeficientes de la coparticipación federal de impuestos.

Así, de esta manera, el gobierno kirchnerista en su afán de venganza, asoció a todas las provincias, municipios y comunas en una dependencia financiera de los recursos fiscales generados por la exportaciones de soja y derivados, en una nueva discriminación hacia las provincias sojeras, que no recibieron un tratamiento igualitario en la participación de beneficios fiscales, como las regalías petroleras y mineras y tampoco en las retenciones sobre las exportaciones industriales así como sobre otras exportaciones agrícolas.

La venganza respecto de los productores de soja queda clara. Se evidencia en el reclamo y la presión de provincias y municipios, frente a la decisión del gobierno actual de eliminarlo, por la misma potestad original que determinó su creación quedando en evidencia la estrategia de sumarlos, para contar con apoyo en una futura opción legislativa, como está sucediendo en la actualidad con la amenaza de derogar el decreto de eliminación, mediante una ley que restablezca el Fondo Sojero y abriendo un camino de apoyo a un eventual aumento de las retenciones a las exportaciones de soja y derivados, como proponía en 2008 Guillermo Moreno.

La aprobación que el gobierno no obtuvo del Congreso en 2008, se transformó en sociedad, exteriorizada fuertemente en este 2018.

Pero lo más curioso y paradójico, es la actitud de una parte significativa de la dirigencia política de la provincia de Santa Fe, que en su condición de productora del 22% del total de la soja del país, con 13 millones de toneladas según dato estadístico del Ministerio de Agroindustria de la Nación para el ciclo 2015/16, esté defendiendo las migajas del Fondo Sojero, donde a Santa Fe le correspondieron el año pasado .637,3 millones, frente a un aporte por retenciones de 30.213 millones de pesos durante el período enero septiembre de 2017 como se observa en el cuadro del informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, con datos del Ipec. Hay que señalar que las exportaciones que salen por los puertos de Santa Fe -y que se contabilizan en la cifra de retenciones señalada más arriba- no todas corresponden a producción de soja santafesina, integrándose en ese monto producciones de otras provincias que salen por nuestros puertos.

Creo que la dirigencia política santafesina, lejos de defender los intereses de la provincia impugnando el conjunto de las retenciones sobre la soja y sus derivados, que el año pasado alcanzaron a nivel nacional la suma de 63.226 millones de pesos y que reportaron al Fondo Sojero 18.968 de pesos, de un significativo impacto proporcional en toda la economía provincial, solamente ve el ombligo de su propia quinta política, ignorando el beneficio que tendría para toda la comunidad el ingreso territorial de esos recursos.

Finalmente Kirchner se vengó del campo y de la soja, transformando en kirchneristas a gran parte de los gobernantes provinciales, municipales y comunales haciéndolos cómplices de su venganza.

Cabe señalar la clara oposición de las entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace a esta medida que, si bien no alteraba la realidad momentánea de las retenciones, al constituir en socios del gobierno nacional a gobernadores, intendentes y presidentes comunales como beneficiarios de una porción de las mismas, iba a ser difícil eliminarlas, porque habrían incorporado a sus presupuestos dichos fondos.

Dicho y hecho. Es lo que está sucediendo.