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OPINIÓN

20 de noviembre de 2026

Sin PASO y sin debates: el retroceso democrático que plantea la reforma electoral

El Gobierno consiguió avanzar con la suspensión de las primarias para 2027, pero el proyecto también modifica los debates presidenciales. Las consecuencias políticas de una reforma que puede cambiar la competencia electoral.

El Gobierno de Javier Milei consiguió un triunfo político al obtener dictamen favorable para la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. Más allá de las negociaciones, las idas y vueltas y las concesiones que debió realizar, el oficialismo avanzó hacia uno de los objetivos del Presidente: que el año próximo no haya elecciones primarias.

La Casa Rosada considera que la eliminación de esa instancia electoral puede favorecerla por distintos motivos. En primer lugar, porque obligaría al kirchnerismo a negociar internamente la definición de sus candidaturas, sin contar con una elección abierta para resolver sus diferencias.

Al peronismo nunca le resultó demasiado agradable elegir a sus candidatos mediante el voto de sus afiliados. Uno de los grandes antecedentes de competencia interna fue la elección de 1988, cuando Carlos Menem derrotó a Antonio Cafiero y consiguió la candidatura presidencial.

Pero hay otra razón por la que el Gobierno considera conveniente suspender las PASO: Milei espera no tener competencia dentro de su propio partido.

Supongamos que Patricia Bullrich quisiera competir contra el Presidente por la candidatura de La Libertad Avanza. Con las primarias, podría existir una instancia electoral para resolver esa disputa. Sin ellas, tendría que buscar otro mecanismo dentro del partido o presentarse por una fuerza diferente.

En términos concretos, si el Congreso finalmente aprueba la suspensión, habrá una elección menos en el calendario de 2027. Los ciudadanos no tendrán que concurrir a votar en agosto y las distintas fuerzas políticas deberán resolver sus candidaturas mediante sus propios procedimientos.

Hay algo todavía más importante. El calendario electoral argentino tiene fechas y plazos establecidos. La elección presidencial está prevista para el tercer domingo de octubre de 2027 y, salvo modificaciones legislativas adicionales, ese horizonte no cambia.

Lo que sí puede cambiar es la situación política del país y las posibilidades electorales de sus protagonistas.

Milei no está mal posicionado, pero está lejos de tener garantizada su reelección. Tendrá que trabajar para conseguirla.

Ni hablar del peronismo, que enfrenta un enorme problema interno, con sectores que no logran ponerse de acuerdo, un discurso que parece envejecido y muchas de las mismas caras de siempre.

En las elecciones presidenciales, los ciudadanos no solamente evalúan la situación económica y social del país. También deciden si quieren mantener o cambiar un gobierno y un determinado rumbo político.

Esas preferencias suelen construirse con bastante anticipación. Sin embargo, todavía falta conocer quiénes serán los candidatos y cómo llegarán a la etapa decisiva de la campaña.

Porque puede ocurrir que alguien no esté completamente satisfecho con el Gobierno, pero termine votando a Milei para impedir el regreso del kirchnerismo. O exactamente lo contrario: que un votante peronista no se sienta representado por su candidato, pero decida acompañarlo para que pierda el Presidente.

Los resultados electorales también se construyen a partir de esos rechazos.

Y queda otra pregunta: ¿habrá alternativas entre Milei y el kirchnerismo?

¿Aparecerán candidatos del centro político? ¿Podrá reconstruirse algo de lo que alguna vez fue Cambiemos? ¿Conseguirá Provincias Unidas recuperar protagonismo?

Por ahora, ese escenario no aparece con claridad. Lo que se observa es una competencia concentrada entre los dos grandes espacios políticos, que podrían llegar directamente a las elecciones generales del 17 de octubre de 2027 sin una instancia previa de competencia abierta.

Hay un aspecto de la reforma que me preocupa especialmente y que considero un verdadero retroceso democrático: la propuesta de terminar con la obligatoriedad de los debates presidenciales antes de las elecciones generales.

He seguido los debates desde aquella primera experiencia de 2015, cuando todavía no eran obligatorios, y soy testigo de cuánto costó incorporar esa práctica a la vida institucional argentina.

Vale recordar lo que ocurrió entonces. Daniel Scioli decidió no participar del primer debate presidencial, mientras que Mauricio Macri estuvo presente. Cuando ambos llegaron al balotaje, Macri reclamó que se realizara un debate mano a mano.

Ese encuentro finalmente se hizo y, a mi criterio, Macri tuvo un desempeño claramente superior al de Scioli. Después terminó ganando las elecciones, con un aporte decisivo de los votos de Córdoba.

No hay que olvidar el papel que tuvo la provincia de Córdoba en las últimas elecciones presidenciales y su capacidad para inclinar resultados nacionales.

Pero lo verdaderamente importante de aquella experiencia fue otra cosa: los candidatos tuvieron que hablar, confrontar propuestas y explicar sus posiciones frente a los ciudadanos.

En un país donde muchas veces cuatro gritos parecen tener más peso que un debate de ideas, fue necesario sancionar una ley para obligar a los aspirantes a la Presidencia a discutir públicamente sus proyectos.

Ahora, el proyecto oficial plantea eliminar esa obligación para las elecciones generales y dejar abierta la posibilidad de un debate entre los dos candidatos que lleguen a una eventual segunda vuelta.

Me parece una pena y una muestra de inmadurez democrática.

Los debates no solamente sirven para comparar a los dos candidatos con mayores posibilidades de ganar. También permiten conocer dirigentes que, de otra manera, difícilmente alcanzarían semejante visibilidad.

Tengo la impresión de que Myriam Bregman no tendría el mismo reconocimiento público sin sus participaciones en los debates presidenciales.

Algo parecido ocurrió con Juan Schiaretti en 2023. Muchísima gente fuera de Córdoba conoció su perfil político, sus propuestas y su experiencia como gobernador a partir de aquellos encuentros.

Esas oportunidades enriquecen la discusión pública.

Tal vez un candidato que aparece quinto o sexto en las encuestas tenga una buena idea. Tal vez plantee un problema que los principales postulantes prefieren evitar. Tal vez obligue a los demás a responder una pregunta incómoda.

Todo eso forma parte de la democracia.

Por eso resulta preocupante que quienes hoy ejercen el poder puedan considerar conveniente reducir los espacios de confrontación pública de ideas.

España ofrece otro ejemplo. Allí los debates electorales no tienen el mismo régimen de obligatoriedad que rige actualmente en Argentina y, sin embargo, forman parte de una tradición política consolidada. Este jueves, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volverán a enfrentarse públicamente antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La discusión entre candidatos es una herramienta que debería fortalecerse, no debilitarse.

El resto de la reforma responde, en buena medida, a intereses políticos y cálculos electorales. Unos creen que determinadas reglas los favorecen; otros intentan modificarlas porque consideran que pueden perjudicarlos.

Pero Argentina es un país tan cambiante que lo que hoy parece conveniente puede dejar de serlo dentro de un año.

Nadie tiene garantizado el resultado de las próximas elecciones.

Y no sería extraño que alguno de los dirigentes que hoy promueven reducir los debates termine necesitándolos y reclamándolos cuando cambien las circunstancias.

Ya ocurrió en 2015: quien había decidido no participar de un debate terminó enfrentándose a un adversario que reclamó otro encuentro para la segunda vuelta.

Por eso, más allá de las conveniencias circunstanciales de Milei, del kirchnerismo o de cualquier otra fuerza política, lo que debería importar es preservar las herramientas que permiten a los ciudadanos conocer, escuchar y comparar a quienes pretenden gobernarlos.

Perder esa posibilidad sería un retroceso que va mucho más allá de una elección.

Lectura rápida

¿Qué logró el Gobierno de Javier Milei? Obtuvo un dictamen favorable para la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027.

¿Por qué considera el Gobierno que es conveniente suspender las PASO? Porque obligaría al kirchnerismo a negociar internamente y espera no tener competencia dentro de su propio partido.

¿Qué ocurrirá si el Congreso aprueba la suspensión? Habrá una elección menos en el calendario de 2027, y los ciudadanos no votarán en agosto.

¿Qué se plantea sobre los debates presidenciales? Se propone eliminar la obligatoriedad de los debates presidenciales antes de las elecciones generales.

¿Qué ejemplos se mencionan sobre la importancia de los debates? Se citan experiencias de Daniel Scioli y Mauricio Macri, así como el impacto de Myriam Bregman y Juan Schiaretti en los debates.

Fuente: Cadena 3

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