El ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia, Pablo Farías, fue entrevistado por El Litoral a pocos días del debate en la Cámara de Diputados de la provincia para definir el futuro de la reforma parcial de la Constitución provincial de 1962. El funcionario consideró que el tratamiento excesivo en la Legislatura no corresponde y que lo que debe hacerse es “permitir un debate en el marco de la convención constituyente”. Sostuvo que la cuestión de la reelección del gobernador es un tema que siempre estará presente en cualquier gobierno y que “hay que superar la mezquindad política” para habilitar la deliberación.

—Son varios meses los cumplidos en el proceso que busca habilitar la reforma.

—Me parece que lograr la reforma de la Constitución implica dar un paso importante en la institucionalidad, para lo cual hay que tener grandeza política. Si hay mezquindad política no sale la reforma o, si se quiere decir de otro modo, para que salga la reforma no tiene que haber mezquindad política.

En los procesos, siempre hay riesgos o especulación. Por caso, expectativas sobre la reelección del gobernador vamos a tener siempre. Si se hace ahora el tema es: qué va a pasar si queda o no Miguel Lifschitz habilitado y, si la hacemos a la reforma el año que viene, el próximo va a enfrentar lo mismo. Con lo cual siempre, si se reforma la Constitución y se habilita la reelección por un mandato, que es lo lógico y es lo que mayoritariamente estamos de acuerdo, siempre va a haber alguien que se va a beneficiar. Así que si lo ponemos en el plano de la especulación política, no saldrá nunca. Por eso, digo que hay que salir de ese lugar. En definitiva, tiene que ser una decisión de la Convención Constituyente. Porque no es estrictamente una cuestión del texto, en el texto tiene que estar la reelección y después será la Convención la que lo plantee. Por eso, considero que es muy importante alcanzar la madurez política para arribar a un consenso...

—Además, están las cláusulas transitorias que pueden zanjar estas cuestiones...

—Sí, son las definiciones de la Convención. Están las cláusulas transitorias que pueden resolverlas y, en definitiva, la Convención va a expresar la voluntad de los habitantes de la provincia que habrán votado a los convencionales constituyentes. Me parece que hay que respetar esa voluntad que no es la misma que la expresada por los legisladores. Hoy, lo importante, es que los diputados habiliten esa posibilidad de que elija convencionales constituyentes y se permita la reforma parcial de la Constitución de la provincia. Y en ese juego, en ese debate que tiene que abrirse entre las distintas posturas frente a esta elección, cada uno fijará su posición en todos los temas. No es tan importante el debate que hoy se da en la Legislatura porque allí se discute si es conveniente o no habilitar la reforma o cuáles son los artículos que se tienen que poner en discusión, por eso no es correcto que en esta instancia se quiera avanzar mucho más allá. Se puede manifestar una opinión, sí, y de hecho en los artículos que se ponen en discusión ya se está expresando sobre la nueva Constitución. Pero el verdadero poder constituyente es el que se integra con los constitucionales que surgen de una elección específica. Por eso, nosotros defendemos fuertemente que la elección de convencionales esté separada de los otros comicios. Porque necesitamos, por la trascendencia que tiene, que cuando se voten constitucionales se esté pensando efectivamente en la Constitución y que los constitucionales sean referentes que tengan esa voluntad de la reforma y que den ese debate en las campañas. Porque si los mezclamos con otras elecciones corremos el riesgo de que, desde la lógica de las componendas o de los equilibrios institucionales, las nóminas de los convencionales estén compensando cuestiones que no se pudieron resolver en otras listas.

—El hecho de que estas elecciones reflejen opiniones como en el caso de una reforma, también ocurre que -tal como ocurrió con la despenalización del aborto- que los partidos políticos no tienen una oferta al 100 por ciento en esa cuestión en su actual configuración. Por lo cual es bueno separar la elección de convencionales de la elección de otros cargos...

—Está claro. Pero aún así, en la discusión sobre la despenalización del aborto es una discusión estrictamente legislativa porque es el Congreso de la Nación el que tiene esta potestad. En cambio acá la Legislatura es la que tiene que habilitar o no el debate. La Cámara de Diputados decidió darle un trámite excesivo y debatir en comisiones cuando, en realidad, esta discusión debe darse en la convención y, fundamentalmente, debe darse en la elección de los convencionales que son los que tienen que estar desprendidos de la coyuntura política. Allí, hay un debate muy interesante para dar. Y, en realidad, los distintos candidatos a convencionales constituyentes en las propuestas que tienen que brindar y en la discusión que deben dar, van a terminar definiendo qué tipo de constitución quiere y qué característica tendrá esa Constitución. Me parece que lo más legítimo es darlo en esos términos. Por eso, esta decisión de hacer una convocatoria específica para el miércoles y generar un debate en una sesión en particular para poder avanzar en ese proyecto de reforma.

—¿Qué cambia o qué no cambia si finalmente el proyecto de reforma prospera o no en la sesión del miércoles?

—Cambia para nosotros la perspectiva de cómo seguir trabajando este tema. El gobernador lo puso como prioridad en su agenda desde los primeros meses de gobierno con lo cual ya llevamos más de dos años trabajándolo y haciéndolo público. Y más allá de que sabemos que este tema no es el más urgente sí está suficientemente instalado y hay un consenso social importante que nosotros recogemos permanentemente de que es un tema que hay que tomarlo y tratarlo. Que no debe desplazar otra cuestión, que no debe evitar que pongamos la mayor energía posible en todos los temas urgentes de la gestión, pero que es uno de los temas que hay que atender. Si no se logra esto, habremos perdido una oportunidad y, en términos de gestión, no nos va a cambiar y seguiremos trabajando hasta el último día del mismo modo en que lo venimos haciendo como hasta ahora, pero sí nos va a quedar una sensación de haber perdido una oportunidad política de muy alta institucionalidad, de agenda de Estado y para nosotros es muy importante y defendemos mucho los temas que son agenda de Estado.

—Además, este proceso para llegar a la propuesta de reformar parcialmente la Constitución ha sido muy largo, serio y profundo, con una alta participación ciudadana.

—Sí, ése ha sido un largo proceso del que nosotros como fuerza política en el gobierno llevamos más de diez años con distintos niveles de profundización. En el período de Miguel Lifschitz, se ha intensificado enormemente y también decidimos sacarlo de los lugares tradicionales donde estos temas se discutían, como los ámbitos académicos, hacia el interior de los partidos políticos o en los bloques partidarios en la Legislatura, por citar algunos. Nosotros hemos decidido romper con esto y la discusión ha traspasado esa frontera y la discusión se ha planteado con organizaciones sociales, con entidades intermedias... lo hemos abierto aún para el ciudadano común que puede interiorizarse e interactuar en una plataforma web de la reforma que está vigente y que se suma a las acciones que estamos realizando. Y como nunca el tema ha tenido tanta vigencia y tanto tratamiento. El año próximo se van a cumplir 25 años de la reforma de 1994 y hay cuestiones que allí se reformaron que aún hoy no están reflejadas en la Constitución de la provincia como el caso de las autonomías municipales, que son temas de mucha importancia en la vida cotidiana. Plasmar la autonomía municipal nos va a llevar al desafío de rediscutir la organización política de la provincia, de volver a discutir la distribución de facultades y potestades entre municipios y provincia... en eso habrá que pensar mucho en la coyuntura que estamos viviendo... por eso creo que es muy importante, muy trascendente que podamos lograr este objetivo.

—Y entre otros temas, desde una reforma constitucional, ¿se pueden hacer aportes en materia de seguridad, por ejemplo, que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas?

—A mí me ha pasado muchas veces en todo este tiempo en que me han interpelado con esta cuestión de que la reforma de la Constitución no es urgente, que hay temas más importantes y siempre que empezamos a desgranar las cuestiones que son necesarias plasmar en la reforma terminan influyendo de manera directa en temas de urgencia como lo es la seguridad. El rol de la Justicia, el papel del MPA, el mismo sistema de nombramientos de jueces que tenemos depende de algunas leyes y de decretos de autolimitación del Ejecutivo. Mañana puede venir un gobierno y decidir elegir a los jueces tal como está redactado en la actual Constitución, ignorando los mecanismos de selección que tenemos previstos hoy. Y esto tiene mucho que ver con la administración de Justicia y de terminar con la impunidad que son elementos fundamentales para avanzar en políticas de seguridad. La Constitución es una gran herramienta para eso. Desde una perspectiva nacional hay un panorama hasta de espectacularidad sobre los niveles de corrupción, justamente éste es un buen momento para discutir que en la Constitución existan mayores mecanismos para dotar de más transparencia al Estado, para que haya un control más cercano de los ciudadanos, una rendición de cuentas periódicas que deba hacerse y que esté sistematizada, de modo tal de que estos elementos le den al ciudadano la tranquilidad sobre cómo se están administrando los recursos públicos. Éstos son temas de tremenda vigencia y la reforma constitucional puede ayudar muchísimo a brindar certeza y tranquilidad cuando se ven actos de corrupción tan rimbombantes; por suerte no, en la provincia sino en el ámbito de la Nación.

—Otro tema interesante para el debate es el rango constitucional que se le otorga a ciertos servicios públicos -vinculados con energía y agua- pero que podría ser un reaseguro para el caso del Laboratorio Industrial Farmacéutico que, otro gobierno, podría querer privatizar.

—Sí, hoy contar con un laboratorio propio para la elaboración de medicamentos que está proveyendo a gran parte de las provincias o a planes nacionales -como ocurrió en un momento- y seguimos participando de licitaciones nacionales para la provisión de medicamentos. Ese rol fue decidido en distintos momentos y sostenido desde la provincia por la importancia que tiene la producción de medicamentos. Seguramente, un gobierno que no esté de acuerdo con esto puede eliminarlo, como puede privatizar servicios públicos esenciales con las consecuencias negativas que ya hemos vivido en la provincia porque lo que ocurrió con el proceso de privatización de la empresa de aguas fue tremendo. Se perdieron muchos recursos y todavía tenemos juicios internacionales que pueden traer mayores perjuicios a la provincia, pero seguramente que lo más grave y lo que más daño le ha hecho a la provincia -en términos económicos- ha sido la privatización del Banco de Santa Fe. Si hubiese estado resguardado constitucionalmente no se podría haber hecho y hoy tendríamos una herramienta fundamental y, por ello, todos los meses el gobierno tiene que estar pagando a un banco privado el costo de ser el agente financiero de la provincia. Éstas son cuestiones que han sucedido y que dan cuenta del valor que tiene que estén plasmadas en la Constitución determinadas cuestiones.

Una propuesta que debería estar

—El gran tema que te gustaría sea tratado en una eventual reforma.

—A mí me seduce mucho y me parece interesantísima la incorporación de mecanismos de control para garantizar la transparencia. En esto, hay experiencias nacionales e internacionales muy valiosas que le dan a la democracia la posibilidad de modernizarse como sistema y estar más cerca de la gente. Hoy, la tecnología nos permite que el ciudadano pueda controlar con certeza todos los actos públicos. Y hay institutos que en este sentido son muy valederos: los mecanismos de rendición de cuentas permanentes, dotar del mayor nivel de publicidad de los actos públicos y también los mecanismos de remoción de los funcionarios, de legisladores o de integrantes del Poder Judicial en el cual puedan intervenir los ciudadanos o las instituciones de la sociedad. Hay formas de establecer en la Constitución esos mecanismos que le van a hacer bien a la vida democrática.

La opinión de los santafesinos

Desde el gobierno de la provincia se realizó una consulta a 15.053 personas, distribuidas entre 243 localidades de los cinco nodos de Santa Fe. De ese total, 9.755 fueron consultadas de manera presencial y 5.298 de modo digital. Se reproducen algunos resultados de esas preguntas.