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26 de mayo de 2018

Agricultores, paren de producir

Resulta sorprendente que en un país cuya actividad agrícola constituye el principal factor de intercambio y obtención de divisas, haya legisladores que intenten poner palos en la rueda a una actividad que resuelve la vida de muchos argentinos.

El proyecto de ley presentado por los diputados Palo Oliver, Del Frade y otros, procurando gravar con un incremento del 100% en el impuesto inmobiliario a aquellos campos donde se apliquen agroquímicos, en realidad constituye una simple propuesta de incremento del impuesto inmobiliario rural a toda la zona agrícola, ya que hoy, toda la agricultura, salvo algunos pequeños y experimentales proyectos de agricultura orgánica, se realiza con aplicación de distintos agroquímicos, como herbicidas, fertilizantes, fungicidas e insecticidas.

Hoy es impensable una agricultura extensiva como la argentina, brasileña o americana, sin el auxilio de agroquímicos tal como se ha señalado. Prescindir de ellos significaría reducir la producción por lo menos a un tercio de la actual, en el mejor de los casos, con la consiguiente pérdida económica no sólo de los productores sino de la sociedad en su conjunto. Hay que señalar que la incorporación de los cultivos transgénicos y del glifosato ha permitido multiplicar la producción argentina por tres en menos de 30 años.

Consecuentemente, el proyecto propone una lisa y llana duplicación del inmobiliario rural a toda la superficie agrícola provincial. La invocación de los fundamentos para semejante despropósito, más allá de la condición urbana y la ausencia de antecedentes vinculados con la temática agropecuaria de los proponentes, se vincula a su identificación ideológica con una línea de pensamiento expresada por el colectivo “Paren de fumigarnos”, y cuyo sustento científico pretende validarse en un trabajo de campo realizado por el Dr. Damián Verzeñassi y el Instituto de Salud Socio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario que ha relevado 30 localidades de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, a través de los estudiantes de la carrera de medicina que realizan la práctica final para recibirse.

Los relevamientos realizados registran todas las patologías sanitarias de sus poblaciones y parte de sus resultados son atribuidos por Verzeñassi a las aplicaciones de agroquímicos, a los que denominan agrotóxicos, en una desviación ideológicamente interesada en su atribución.

Al uso de los agroquímicos se atribuye el incremento de casos de cáncer, hipertensión y malformaciones, entre otras patologías.

Cabe señalar que dichas conclusiones no fueron avaladas por el decano de la casa de estudios, Dr. Ricardo Nidd -que hasta mandó a clausurar la oficina donde se guardaban los datos- y además fueron rechazadas por el ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Dr. Miguel González, calificándolas de “temerarias” y criticando la metodología científica empleada para obtener los datos de la investigación, lamentando la utilización de unidades académicas para la confección de teorías con una metodología endeble y fuera de los estándares exigidos para emitir opiniones sólidas.

La “temeridad” consiste en la atribución de responsabilidad, cuando no hay una comprobación causal entre las patologías y la supuesta causa, con lo cual toda la teoría se remite a meras hipótesis sin comprobar.

Informó, además, que en la provincia, en los últimos 15 años (2001-2015) la mortalidad por tumores ha tenido un descenso global del 6,21%.

Una teoría cargada de ideología

Consecuentemente con lo expuesto, y observando las alineaciones emergentes en las redes sociales que se han ocupado del tema, surge con toda claridad la adscripción ideológica de los que defienden la postura de Verzeñassi, como el portal La Izquierda Diario, que hablan de hostigamiento y repudian la actitud del Decano así como otras adhesiones que sería largo de enunciar, pero que responden al mismo origen.

Resulta sorprendente que en un país cuya actividad agrícola constituye el “as de espada” de su competitividad internacional, y es el principal factor de intercambio y obtención de divisas, haya legisladores de una de las principales provincias productoras que intenten poner palos en la rueda a una actividad que resuelve la vida de muchos argentinos en forma directa y que contribuye indirectamente a neutralizar los desbalances económicos y financieros que originan otras actividades que no son competitivas.

El mundo se está transformando y acelera su carrera hacia las economías de mercado -más allá de las formas institucionales políticas. La globalización alcanzada demuestra que la expectativa de vida en el planeta, que en 1900 era de 35 años y hoy está cerca de los 80. En 1950, un 70% de la población vivía en absoluta pobreza y hoy está en esa condición el 10% (la población de clase media ronda el 60%). En 1980, sólo el 60% de la población mundial sabía leer y hoy es el 85%. La población planetaria se elevó de 2.500 a casi 7.500 millones en 65 años. Las muertes por guerra que llegaron a 25 cada 100.000 habitantes en los años ‘80, hoy rondan 0,3 cada 100.000 habitantes. Y mientras en 1900 sólo el 10% de la población mundial vivía en regímenes democráticos (12 países) hoy lo hace más de la mitad de la población del planeta (*). Mientras tanto, pareciera que algunos de nuestros legisladores no han terminado de sacarse de encima los cascotes del muro de Berlín y no se dan cuenta de que el modelo de producción estatal comunista estalinista fracasó, y ha sido abandonado por sus principales cultores: Rusia y China.

Sin perjuicio de avanzar en la inocuidad de los químicos que se usan en el agro, hecho éste absolutamente compartido por autoridades sanitarias y productores y con larga trayectoria de coincidencia, creo que es necesario ratificar a nivel provincial, de sus autoridades y organismos específicos, la necesidad de hacer cultura de las pautas de buenas prácticas, sin por ello pretender que el Estado reemplace al productor en la toma de decisiones respecto de actividades que constituyen su riesgo, su esfuerzo y de las cuales esperan una renta.

Pretender romper el principio de subsidiaridad del Estado en materia agropecuaria es una mala práctica que tiene nefasta historia para la humanidad, como cuando Stalin estatizó la propiedad de la tierra en Rusia, provocando con ello una hambruna que costó entre 1932 y 33, más de 7 millones de muertos en Ucrania, Ciscaucasia y Kazajistán.

Es de esperar que el sentido común prevalezca en el grueso de nuestros legisladores.

(*) Datos proporcionados por Marcelo Elizondo y publicados en el diario La Nación el 19/04/2018.
 

FUENTE: CAMPOLITORAL

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