La devolución de más de $3.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos, implementado por el gobierno de la Provincia de Santa Fe, es inferior al costo anual promedio de un solo senador santafesino. El dato ilustra el planteo conjunto que realizaron la Sociedad Rural de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial sobre la dificultad para aplicar beneficios fiscales relevantes con el exorbitante gasto público actual, llamando a abrir una discusión sobre la eficiencia del Estado.

Las entidades parten de una comparación con el funcionamiento del sector privado. En el documento sostienen que organizaciones de todos los tamaños y actividades “revisan sus costos, buscan optimizar procesos y exploran alternativas para ser lo más eficientes posible”, porque esa es la única forma de proyectar su continuidad. Desde esa misma lógica, plantean que resulta “legítimo y necesario” abrir un debate similar en el ámbito estatal, sin prejuicios ni consignas, particularmente al analizar los números del Presupuesto Provincial 2026.

El gasto de la Legislatura de Santa Fe frente a la comparación con Córdoba

En ese marco, el comunicado expone un contraste que consideran imposible de soslayar. Para el próximo año, la Legislatura de Santa Fe tendrá un presupuesto de $191.812.813.000, mientras que la de Córdoba contará con $54.768.139.000. La diferencia alcanza los $137.044.674.000, lo que implica que el costo de la actividad legislativa santafesina será 3,55 veces superior al de la provincia vecina.

El planteo se refuerza al observar que ambas jurisdicciones tienen una cantidad prácticamente equivalente de legisladores: 70 en Córdoba y 69 en Santa Fe. Según señalan las entidades, se trata de “un legislador más, pero con un costo total sensiblemente menor”. El análisis por representante profundiza el contraste: en Córdoba, el costo promedio por legislador será de $782.401.985, mientras que en Santa Fe ascenderá a $2.779.895.840. Dentro de ese promedio, el documento precisa que cada diputado santafesino tendrá un costo de $2.255.677.260 y cada senador de $4.159.418.421.

Las organizaciones aclaran que “no se cuestiona la importancia institucional y democrática de la labor legislativa”. La discusión, subrayan, pasa por la “eficiencia, proporcionalidad y racionalidad del gasto”, en un contexto económico complejo y con fuertes demandas sobre el sector productivo.

Las entidades destacan que si la Legislatura de Santa Fe tuviera un presupuesto similar al de Córdoba, las devoluciones como la de Ingresos Brutos podrían multiplicarse por 42.

Ingresos Brutos: devoluciones, recaudación y márgenes para alivios fiscales

El comunicado vincula este análisis con decisiones fiscales recientes. Recuerda que la devolución de más de $3.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos representa apenas el 0,21% de lo recaudado por ese tributo entre enero y agosto de 2025, período en el que la Provincia obtuvo $1,55 billones. Ese monto, remarcan, “es incluso inferior al costo anual promedio de un solo senador santafesino”.

Desde esa comparación, señalan que si la Legislatura de Santa Fe tuviera un presupuesto similar al de Córdoba, esas devoluciones podrían multiplicarse por 42, como una forma concreta de dimensionar prioridades fiscales y márgenes de mejora.

En el texto también se reconoce la existencia de medidas de alivio fiscal anunciadas por el Gobierno provincial y la importancia relativa de Ingresos Brutos para las finanzas santafesinas. Sin embargo, las entidades sostienen que ese esfuerzo “puede —y debe— ser mayor”.

El impacto del gasto público en el denominado “costo argentino”

Si bien el costo de la Legislatura es presentado como el caso más visible, sencillo de evaluar y fácil de comparar con otras provincias, el comunicado advierte que “en prácticamente todas las áreas del Estado existen oportunidades de mejora”.

Por ello, se plantea como impostergable una revisión integral, técnica y profunda del gasto público, que debería traducirse en “alivios fiscales relevantes”, capaces de impactar de manera directa en el denominado “costo argentino”, identificado como uno de los principales factores que erosionan la competitividad, desalientan la inversión y encarecen los precios.

Finalmente, las entidades aclaran que este proceso debe encararse con “visión de desarrollo” y sin debilitar al Estado en sus funciones esenciales. Por el contrario, sostienen que eliminar ineficiencias, gastos innecesarios y burocracias injustificadas permitiría liberar recursos no sólo para aliviar la carga tributaria, sino también para fortalecer áreas que generan desarrollo, productividad y equidad.

En esa línea, concluyen que “abrir este debate no es ir contra las instituciones”, sino una forma de fortalecerlas y alinear la gestión pública con una estrategia de desarrollo sostenible, competitividad territorial y bienestar social de largo plazo.

Fuente: Aire Agro