Tras la sanción el pasado 5 de marzo de una ordenanza que prohíbe asperjar cualquier tipo de agroquímicos a menos de 500 metros del límite urbano de la localidad de Marcelino Escalada y que estableció mayores distancias para las fumigaciones aéreas y la prohibición de la radicación de depósitos de agroquímicos dentro del pueblo, se produjo una convocatoria a todos los representantes distritales del departamento San Justo a una reunión informativa. La cita será el próximo 10 de abril, a las 18, en la escuela Nº 359 "Bernabé Vera" de la mencionada comuna donde se abordará la discusión sobre las herramientas legales para proteger a la población de las fumigaciones.    Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos, que impulsa las restricciones para la aplicación de agroquímicos en cercanías de los centros urbanos y que ya hace varios años aboga por una nueva y adecuada ley provincial para establecer límites seguros en cuanto al uso de los biocidas, indicaron que "en Escalada se fumigó de manera muy cercana a la población durante años y, a pesar de los reiterados reclamos de los vecinos afectados, estas nunca se detuvieron".    Sin embargo, "el conflicto se potenció cuando a principios de este año falleció el vecino Diógenes Chapelet, un señor mayor de edad que había manifestado en varias ocasiones los daños que le producían las aspersiones de agrotóxicos cerca de su vivienda y exigiendo que las detuvieran sin lograr resultados", indicaron. Base legal Luego de su fallecimiento, la pequeña comunidad de 1.800 habitantes —ubicada 130 kilómetros al norte de la capital provincial—, se vio muy movilizada y en un plazo de pocas semanas lograron que el gobierno comunal sancionara una ordenanza que genera una buena base legal para comenzar a erradicar las fumigaciones cercanas a las zonas habitadas.    La nueva normativa local prohíbe asperjar cualquier tipo de agroquímicos a menos de 500 metros del límite urbano sin excepciones, e incluso protege parajes rurales conformados por 10 casas en adelante. Las fumigaciones aéreas deberán alejarse 3.000 metros de la zona urbana, prohibiéndose también la radicación de depósitos de biocidas, con un plazo de un año para que se retiren los que actualmente están dentro del radio de exclusión.    El caso de Diógenes conmocionó a los pobladores de Escalada y tuvo repercusiones en prácticamente todas las localidades del departamento San Justo.    "Los vecinos cada vez más conscientes del perjuicio que causan los agrotóxicos se acercaron a los gobiernos locales para pedir que se generen herramientas legales similares que los protejan de las fumigaciones. Por eso, además, están convocando a todas las autoridades políticas departamentales para la reunión del día 10 de abril a las 18 en la escuela de calle Villa Lasteñas 382", indicaron desde la Multisectorial. Temario El uso de agroquímicos y sus consecuencias en la salud, así como las acciones legales que se pueden emprender en caso de fumigaciones, son los temas a tratar.    Para los organizadores lo más importante es que ya confirmaron su participación la mayoría de los presidentes comunales, el intendente de San Justo e incluso el senador por este distrito.    Los disertantes serán reconocidos profesionales que vienen trabajando desde hace años con esta problemática: el médico Damián Verzeñassi (Facultad de Ciencias Médica de la UNR), el bioquímico Daniel Verzeñassi (Foro Ecologista de Paraná), Arturo Serrano (médico rural santafesino) y Rafael Colombo (abogado de la ONG ambientalista Capibara).    Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos remarcaron sus felicitaciones a "la comunidad que se moviliza por su salud y el ambiente"; e instaron a la población "a involucrarse, informarse y empoderarse con la sanción de ordenanzas locales como ésta ya que representan un gran logro colectivo en la lucha por erradicar los agrotóxicos contaminantes y avanzar hacia sistemas de producción sanos". Entre Ríos dará marcha atrás con un proyecto de ley de agroquímicos Diputados provinciales de Entre Ríos no darán su aprobación a un proyecto de ley que ya cuenta con la media sanción del Senado y que era criticada por ambientalistas, ya que entre otros aspectos reducía la distancia permitida para las fumigaciones respecto de los poblados.    "Nuestro espacio político ha decidido no acompañar el proyecto de ley que obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores de la provincia en diciembre de 2017 y vamos a impulsar proyectos que promuevan la agroecología". Con un tuit, el ex gobernador de Entre Rios y actual diputado provincial Sergio Urribarri (Frente para la Victoria) enterró esta semana el proyecto de ley sobre aplicaciones de agroquímicos que el Senado de esa provincia había aprobado los últimos días del año pasado que —entre otras cosas— disminuía la distancia permitida para las fumigaciones y permitía a la autoridad de aplicación "suprimir, ampliar o reducir tales distancias".    Llamó la atención que quien se expresara en sintonía con los ambientalistas fuera Urribarri, quien es señalado por haber coleccionado proyectos productivos nefastos para el medio ambiente cuando era gobernador, como por ejemplo el intento de convertir a las islas del Humedal en plantaciones industriales de arroz. Esta nueva actitud tiene seguramente una alta dosis de oportunismo político, pero también se inscribe en un escenario de fuerte movilización social en defensa del ambiente en esa provincia, donde se multiplican las denuncias por la fumigación de escuelas rurales y ciudades como Paraná, Gualeguachú y Concordia que limitaron o prohibieron el uso del glifosato.    A eso se le sumó un inédito ciclo de "socialización de saberes" para legisladores que llevó a ingenieros agrónomos, médicos, ingenieros químicos y biólogos a exponer en la Cámara baja sobre las consecuencias sobre la salud y el ambiente de un modelo agropecuario químico-dependiente y los beneficios de otro modelo productivo anclado en prácticas agroecológicas. En tres sesiones, los expertos, entre quienes estuvieron el médico de la UNR Damián Verzeñassi, el investigador del Conicet Damián Marino y el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, expusieron frente a los diputados los motivos para avanzar "hacia un nuevo modelo de producción de alimentos" centrado en el manejo sustentable, y no en insumos químicos.    En ese escenario, el oficialismo decidió dar marcha atrás con la ley y proponer "proyectos que promuevan la agroecología".    La ley que quedó herida de muerte había sido aprobada por mayoría en el Senado pocas horas antes de finalizar el año pasado con el voto favorable de los senadores justicialistas y de Cambiemos. La norma fue duramente criticada por los ambientalistas ya que, en la práctica, permitía reducir la distancia para fumigar con agroquímicos respecto de las poblaciones a 500 metros para las clases toxicológicas 3 y 4, entre las que se encuentra el glifosato.    Además permitía que la autoridad de aplicación —la Secretaría de Producción de la provincia— "a sugerencia o con la ratificación del Consejo Provincial Fitosanitario" pueda "suprimir, ampliar o reducir tales distancias", lo cual dejaba abierta la puerta para una interpretación "a medida" de cómo realizar las aplicaciones.    La iniciativa había sido muy cuestionada por el Foro Ecologista de Paraná, que en ese momento consideró que se trataba "de un avance para seguir envenenando a la gente". FUENTE: LA CAPITAL