La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, solicitó diferir el tratamiento para ganar tiempo en la búsqueda de acuerdos. La principal traba sigue siendo la eliminación de las restricciones para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales, un punto que generó diferencias tanto dentro del oficialismo como entre sus aliados parlamentarios.

Diferencias dentro del Gobierno y con los aliados en el Senado

Según fuentes legislativas, tampoco hubo consenso con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien rechazó la última versión del dictamen de mayoría. El texto proponía que cada provincia pudiera definir su propia normativa sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, una alternativa que el Gobierno nacional considera incompatible con el objetivo de eliminar los límites establecidos por la legislación vigente.

Las modificaciones tampoco lograron convencer a sectores dialoguistas. Senadores radicales como Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, junto con legisladores provinciales como Alejandra Vigo, José Carambia, Natalia Gadano y Edith Terenzi, mantuvieron sus reparos al proyecto, impidiendo que el oficialismo alcanzara la mayoría necesaria para avanzar.

La sesión también estuvo marcada por las dificultades para reunir el quórum. La Libertad Avanza consiguió habilitar el debate con el mínimo de 37 senadores gracias al respaldo de bloques aliados, aunque otros espacios provinciales y dialoguistas decidieron no acompañar. En paralelo, trascendió un fuerte intercambio entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, luego de que la titular del Senado cuestionara la realización de la sesión tras el partido de la Selección Argentina y ambas protagonizaran un duro cruce de mensajes.

El proyecto de propiedad privada no solo modifica la ley de tierras, sino que también incorpora cambios en los regímenes de alquileres, expropiaciones y manejo del fuego. En relación con las tierras rurales, la iniciativa elimina los topes para la compra por parte de extranjeros, aunque mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran inmuebles sin autorización. Además, establece que las provincias conservarán la jurisdicción sobre estas operaciones y que, en las zonas de frontera, seguirá siendo necesaria la aprobación de las autoridades provinciales y nacionales.

Fuente: Aire Digital