El pasado 11 de junio, Anses le había solicitado a la Justicia una caución real o personal como condición ineludible, antes de realizar la devolución de la pensión de privilegio a la ex presidenta.

Este pedido de garantía pretendió “proteger” los fondos públicos del Estado en caso de que la Corte Suprema revocara la medida cautelar que pidió la restitución del beneficio; el planteo judicial llevado adelante por los representantes legales de Anses, avalado por que el artículo 5 de la Ley 26.854, exigió que el solicitante otorgue un seguro por “los eventuales daños y perjuicios” antes de que la orden se efectúe.

Las estimaciones oficiales de la asignación mensual vitalicia reclamada por la actual titular del Partido Justicialista, como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, serían de 38 haberes mínimos, lo que representa unos $15,3 millones mensuales.

Con esta petición, el organismo quiso contar con un respaldo económico que asegurara que el Estado Nacional pudiera recuperar el dinero liquidado, si el fallo de fondo resultara adverso para Cristina Kirchner.

Fuente: El Litoral