El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el dirigente libertario José Luis Espert se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la denominada Ley de Inocencia Fiscal. De esta manera, se sumaron a otros referentes del oficialismo que también optaron por adherirse al nuevo esquema tributario impulsado por el Gobierno nacional.

La noticia tomó relevancia luego de que trascendiera que también se habían adherido al régimen Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ampliando el número de funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo que eligieron este mecanismo previsto dentro de la nueva normativa fiscal.

La adhesión de figuras del Gobierno generó debate debido a las características del sistema, que elimina la obligación de justificar variaciones patrimoniales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Bajo este esquema, los contribuyentes deben informar sus ingresos, deducciones y otros datos básicos para la liquidación del impuesto, sin necesidad de presentar información patrimonial detallada.

El régimen forma parte de la Ley 27.799, reglamentada mediante el Decreto 93/2026, una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de incentivar la incorporación al circuito formal de fondos no declarados y simplificar el sistema tributario para personas físicas.

Entre los principales cambios introducidos por la denominada Ley de Inocencia Fiscal se encuentra la actualización de los montos mínimos establecidos para los delitos tributarios. En los casos de evasión simple, el piso pasó de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada se elevó de $15 millones a $1.000 millones.

La normativa también contempla que ARCA pueda abstenerse de promover denuncias penales cuando los contribuyentes regularicen su situación antes del inicio de una causa judicial o cancelen las deudas, intereses y recargos dentro de los plazos previstos por la ley.

Otro de los puntos centrales de la reforma es la reducción de los plazos de fiscalización. A partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen, el organismo recaudador dispone de tres años para reclamar tributos omitidos, aplicar sanciones o impulsar denuncias vinculadas con operaciones no declaradas.

Mientras tanto, la adhesión de funcionarios y dirigentes políticos al régimen simplificado de Ganancias continúa generando repercusiones y reavivando el debate sobre los alcances de la Ley de Inocencia Fiscal y los cambios introducidos en el sistema tributario argentino.

Fuente: Diario Panorama