La situación judicial de Manuel Adorni atraviesa una etapa clave. La Justicia federal avanza en dos investigaciones que tienen al jefe de Gabinete bajo la lupa y que podrían derivar en un pedido formal para que explique el crecimiento de su patrimonio y el origen de distintos fondos y bienes incorporados en los últimos años.

La causa principal está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes esperan un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados por el funcionario y la evolución de sus bienes. Según trascendió, el análisis contempla propiedades, movimientos bancarios, deudas, gastos cotidianos y viajes realizados dentro y fuera del país.

Entre los puntos que buscan esclarecer los investigadores figuran la adquisición y remodelación de un semipiso en Caballito y una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, además de la compra de una camioneta y una deuda que rondaría los 335.000 dólares. De acuerdo con versiones surgidas de la investigación, algunos períodos patrimoniales presentarían diferencias que la Justicia considera necesario aclarar.

Una vez concluido el informe técnico, el fiscal podría solicitar un requerimiento de justificación patrimonial, una instancia que permitirá a Adorni presentar documentación y explicar el origen de los fondos cuestionados. Si las explicaciones no resultan suficientes, el expediente podría avanzar hacia una eventual declaración indagatoria.

En paralelo, la Justicia profundiza las averiguaciones sobre activos digitales vinculados al funcionario. Los investigadores ya detectaron movimientos y billeteras virtuales asociadas a Adorni, aunque intentan determinar si existen otras operaciones o tenencias de criptomonedas que no hayan sido identificadas hasta el momento.

Además, otra causa investiga la relación del jefe de Gabinete con el periodista de la TV Pública, Marcelo Grandio, en el marco de una pesquisa por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. El expediente analiza, entre otros hechos, un viaje realizado a Punta del Este en un jet privado y posibles vínculos con contratos obtenidos por empresas relacionadas con el entorno del comunicador.

Mientras se esperan informes clave de distintos organismos judiciales, en los tribunales de Comodoro Py consideran que las próximas semanas serán determinantes para definir los próximos pasos en una investigación que podría complicar aún más la situación del funcionario nacional.

Fuente: Diario Panorama