El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría ser citado a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para las últimas dos semanas de julio. La medida es analizada por el juez federal Ariel Lijo en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y posibles incompatibilidades con la función pública.

La causa, impulsada junto al fiscal Gerardo Pollicita, se centra en los vínculos entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, dueño de la productora Imhouse, firma que mantiene contratos de coproducción con la TV Pública. Según la investigación, la Justicia sospecha que Grandio habría financiado un viaje del funcionario y su familia a Punta del Este en un avión privado durante el fin de semana largo de Carnaval.

De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, el vuelo habría sido reservado y abonado por Grandio, pese a que Adorni aseguró públicamente que el viaje fue pagado con dinero propio. La investigación también incluye cruces de llamadas y análisis de geolocalización entre los teléfonos del funcionario, Grandio y otros integrantes de la productora.

En paralelo, los investigadores analizan movimientos patrimoniales vinculados a la compra y remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La Justicia sospecha que las refacciones realizadas en la propiedad no coincidirían con los ingresos declarados por el funcionario y que parte de los gastos no habría sido facturada.

La declaración indagatoria es una instancia procesal en la que el imputado puede ejercer su defensa frente a elementos de prueba reunidos por la Justicia. Fuentes judiciales señalaron que el magistrado espera los resultados finales de algunas medidas antes de definir si avanza con la citación.

Entre las pruebas bajo análisis figuran contratos de coproducción firmados entre Imhouse y la TV Pública para programas de radio, streaming y ciclos televisivos. Los investigadores buscan determinar si existieron contactos o beneficios incompatibles con el cargo ocupado por Adorni.

Otro de los puntos incorporados al expediente es un presunto operativo de custodia realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina en las inmediaciones del country donde reside el funcionario. La Justicia intenta establecer si hubo utilización indebida de recursos públicos para seguridad privada.

Si finalmente es convocado a indagatoria, el escenario judicial de Adorni podría complicarse aún más, ya que la investigación contempla posibles delitos como enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, recepción de dádivas y eventual lavado de dinero.

Fuente: Diairo Panorama