El juez federal Ariel Lijo solicitó al Grupo Datco, a National Shipping y a Foggia Group que presenten todas las facturas y documentación relacionada con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Las medidas forman parte de una investigación judicial paralela a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. El objetivo es determinar si la consultora de Angeletti recibió beneficios mediante contratos irregulares con firmas vinculadas al Estado nacional.

Según trascendió en el expediente, la Justicia busca reconstruir toda la información vinculada a la facturación y a la relación comercial entre las empresas mencionadas y la consultora +BE. La investigación apunta a esclarecer si existió un posible direccionamiento de contrataciones que haya favorecido económicamente a la esposa del funcionario.

Las empresas bajo investigación

El Grupo Datco presta servicios tecnológicos a distintos organismos públicos vinculados o supervisados por la Jefatura de Gabinete, entre ellos AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas.

En tanto, National Shipping es una compañía dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y figura como una de las principales proveedoras de YPF, donde Adorni ocupa el cargo de director titular.

Por otro lado, Foggia Group está dirigida por Mara Gorini, señalada como una colaboradora cercana de Karina Milei. La firma aparece vinculada a la concesión de Tecnópolis y a la organización de eventos políticos y shows libertarios encabezados por el presidente Javier Milei en escenarios como el Luna Park y el Movistar Arena.

La denuncia que originó la causa

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante del espacio libertario. En la presentación judicial se plantea la existencia de un presunto esquema de relaciones comerciales entre empresas contratistas del Estado y la consultora de Angeletti.

De acuerdo con el texto judicial, una de las hipótesis bajo análisis es la posible existencia de un circuito de retorno de fondos públicos a través de contrataciones privadas vinculadas a funcionarios y personas cercanas al Gobierno nacional.

Fuente: Aire Digital