En política, las mayorías no se declaman: se construyen. Y cuando no se tienen, se negocian. Ese parece ser hoy el principal dilema del gobierno de Javier Milei: acordar con los gobernadores o sostener una lógica de confrontación que puede resultar funcional a su identidad, pero riesgosa para su gobernabilidad.

El oficialismo enfrenta una debilidad estructural evidente: no tiene gobernadores propios. En el mejor de los casos, cuenta con aliados circunstanciales que, hasta ahora, le garantizaron oxígeno en el Congreso. Ese respaldo —tejido durante el verano con mandatarios de distintos signos políticos, incluso del peronismo— fue clave para avanzar en leyes y sostener la iniciativa política. Pero ese esquema ya muestra signos de desgaste.

Los gobernadores no rompieron, pero sí empezaron a recalcular. Y lo hacen en un momento particularmente sensible: con un gobierno que necesita votos, con reformas frenadas y con un frente económico que impacta directamente en su capital político. La ecuación es clara: apoyo a cambio de previsibilidad.

Ahí es donde aparece la discusión de fondo. Dentro del oficialismo conviven al menos dos miradas. Por un lado, la que encarna el ministro de Economía, Luis Caputo, que impulsa un acuerdo estable con las provincias para garantizar gobernabilidad y destrabar la agenda legislativa. Por el otro, una visión más política —y más identitaria— que apuesta a expandir el armado propio en todo el país, aun a costa de tensar esas alianzas.

El problema es que esos dos caminos son difíciles de compatibilizar. Los gobernadores no están pidiendo solo recursos o acompañamiento institucional: están pidiendo algo más profundo. Quieren garantías de que el oficialismo no competirá contra ellos en sus territorios en 2027. En otras palabras, apoyo hoy a cambio de no agresión mañana.

Ese planteo expone una tensión inevitable. Para el Gobierno, resignar candidaturas propias en las provincias implica limitar su crecimiento político. Pero no hacerlo puede significar perder los votos que necesita en el presente. Es una negociación que mezcla supervivencia inmediata con ambición futura.

Algunas provincias ya avanzan en ese terreno, con vínculos más aceitados y canales de diálogo abiertos. Otras, en cambio, siguen en zona de incertidumbre. Casos como Córdoba o Santa Fe todavía no tienen un acuerdo consolidado, pese a su peso político y económico. Y ahí se juega una parte importante del tablero.

Todo esto ocurre, además, en un contexto donde el Gobierno necesita resultados. La agenda desreguladora anunciada aún no se materializa y la economía —más allá de sus señales de estabilización— sigue siendo el principal factor de desgaste. En ese escenario, la política deja de ser un terreno accesorio y pasa a ser una herramienta indispensable.

La pregunta, entonces, no es solo si habrá acuerdo o conflicto, sino cuándo y en qué términos. Porque la política, a diferencia de la economía, no admite demasiado tiempo en suspenso. Y el Gobierno enfrenta una definición que puede marcar su rumbo: construir poder con otros o intentar hacerlo en soledad.

En esa decisión no solo se juega el vínculo con los gobernadores. Se juega, en buena medida, la viabilidad del propio proyecto.

Fuente: Cadena 3