Observo con creciente preocupación el rumbo que ha tomado la política internacional del presidente Javier Milei. Su hiperactividad en la agenda externa contrasta de manera llamativa con las prioridades estratégicas que debería tener Argentina. Un tercer viaje a Israel puede leerse como una señal política, pero también como un síntoma de desbalance: no ha habido visitas oficiales a Brasil, nuestro principal socio comercial, ni a China, destino clave de nuestras exportaciones agroindustriales.

Esta agenda, más que orientarse a intereses económicos concretos, parece responder a una lógica ideológica. El presidente privilegia lo que denomina la “batalla cultural”, una construcción identitaria que busca alinear a Argentina con determinados valores, pero que no necesariamente se traduce en beneficios tangibles en materia de comercio, inversiones o inserción internacional inteligente.

El caso de Israel es peculiar porque intenta combinar ambas dimensiones. Por un lado, se firmaron acuerdos, especialmente en el ámbito universitario y tecnológico, que podrían resultar valiosos. Sin embargo, aquí emerge una contradicción profunda: se busca vincular al sistema argentino —desfinanciado— con instituciones de excelencia que se sostienen precisamente por su fuerte inversión en capital humano.

Israel es, en gran medida, lo que es gracias a su apuesta sostenida por la educación, la innovación y la ciencia. Argentina, en cambio, está erosionando ese capital humano. La brecha no es solo presupuestaria, sino también estratégica. Pretender integrarse a ese ecosistema sin resolver los problemas estructurales locales suena más a gesto simbólico que a política pública consistente.

Mientras tanto, esta intensa agenda internacional no parece estar ayudando al gobierno a recuperar la iniciativa en el frente interno. Marzo fue un mes particularmente adverso para el oficialismo, con problemas que se acumulan en tres planos: económico, institucional y político. Ninguno de ellos muestra señales claras de resolución.

En lo económico, el diagnóstico es inquietante. La microeconomía no arranca, y eso termina afectando a la macro. Aunque el gobierno exhibe disciplina fiscal, ese equilibrio muchas veces se logra postergando pagos o aplicando ajustes de corto plazo que no son sostenibles. La pregunta clave es si este esquema puede mantenerse en el tiempo sin generar nuevas tensiones.

A esto se suma la persistente duda sobre el tipo de cambio y la competitividad. Economistas como Orlando Ferreres señalan que el dólar debería estar significativamente más alto para reflejar la realidad económica. Sin embargo, el gobierno opta por sostener un esquema parcialmente controlado, lo que genera distorsiones y frena la actividad.

En paralelo, los escándalos de corrupción comienzan a erosionar la credibilidad oficial. El caso de Manuel Adorni, junto con otras controversias como la de criptomonedas o concesiones cuestionadas, instala dudas sobre la transparencia. La decisión de sostener ciertas figuras parece responder más a una lógica defensiva que a criterios institucionales sólidos.

Además, el oficialismo enfrenta tensiones internas cada vez más visibles. Las disputas entre sectores cercanos a Karina Milei y Santiago Caputo reflejan una dinámica de poder fragmentada. En un espacio político aún en construcción, estas internas pueden tener consecuencias profundas de cara al futuro.

Todos los gobiernos atraviesan crisis, pero no todos logran superarlas. La experiencia reciente de Alberto Fernández es un recordatorio de cómo los problemas no resueltos pueden volverse estructurales. Hoy no estamos ante ese escenario, pero sí frente a señales de alerta que no deberían ser ignoradas.

En definitiva, el gobierno parece empantanado. La economía no despega, los escándalos se acumulan y las internas crecen. La pregunta no es si enfrenta dificultades —eso es inevitable—, sino si tiene la capacidad política y técnica para salir de ellas. Por ahora, esa respuesta sigue siendo incierta.