Quiero condenar con énfasis los ataques arteros recibidos por el prestigioso analista Salvador Di Stefano, quien se atrevió públicamente a poner el dedo en la llaga en una cuestión trascendente que los integrantes de la comunidad agropecuaria parecen querer ignorar.

La completa eliminación de los derechos de exportación generaría un incremento sustancial del precio interno de la soja; como los alquileres agrícolas se miden en quintales de ese poroto, entonces los propietarios de campos arrendados pasarían a tener un ingreso muy superior sin realizar ningún esfuerzo.

Semejante regalo a un sector rentista no sólo representaría un eventual problema cambiario, sino que además constituiría una afrenta para todos los argentinos que se sacrifican diariamente con el propósito de proporcionarse el sustento a través del trabajo.

Es muy probable que el mayor ingreso recibido por lo propietarios de campos termine financiando viajes al exterior, lo que promovería el vaciamiento de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), que tanto esfuerzo llevó a reconstruir al gobierno del líder Javier Milei. Nadie quiere eso.

En términos conceptuales, premiar a aquellos que reciben un ingreso sustancial a cambio de ofrecer un bien en alquiler implicaría erosionar la cultura del mérito forjada a través de los valores de la perseverancia y el trabajo. ¿Qué clase de ejemplo daríamos con algo así a los más jóvenes?

Eso sólo podría fundamentarse en la posibilidad fehaciente de que el ingreso adicional de la renta generado por la eliminación de derechos de exportación se destinase a financiar la batalla cultural, por medio de la colocación de tales excedentes en títulos públicos del Estado nacional por un plazo no menor a cuatro años.

Diseñar una política pública que fomente la asignación indebida de recursos y propulse mensajes contrarios a los valores fundacionales de la civilización occidental sería algo muy factible de ser categorizado como irresponsable.

Por supuesto, los derechos de exportación representan un impuesto contrario a la producción y deberían ser eliminados, pero en un marco normativo que sólo favorezca a aquellos que arriesgan su capital para intentar generar valor agregado a la economía; hasta que esas condiciones no estén presentes, no sería recomendable proceder con esa modificación tributaria.

La historia de la política económica está repleta de ejemplos de decisiones que se tomaron con las mejores intenciones, pero que finalizaron con resultados desastrosos por no considerar con una visión sistémica las múltiples variables involucradas.

Por lo tanto, aquellos que critican abiertamente a Salvador Di Stefano, deben entender que no existe, por parte del gobierno nacional, ninguna intención en apropiarse de lo ajeno, sino el temor de ejecutar una acción que termine siendo contraproducente contra el interés común del país, lo que podría atentar contra la transformación económica en curso.

No perdamos de vista que no existe otra gestión más cercana a los intereses del agro que la del líder Javier Milei, algo que en estos días entienden bastante bien los bonaerenses, provincia kirchnerista que no puede –por un conflicto con un grupo de transportistas– hacer ni siquiera uso de sus dos principales puertos agroindustriales ante la extraña inacción de las autoridades de esa jurisdicción.

Reflexionemos sobre todas las dimensiones involucradas en una política económica antes de hablar demás y agradezcamos contar con superávit primario (¡y también financiero!) gracias a los derechos de exportación, sin los cuales la inflación sería del 30% en lugar de 3,4%. No bajemos los brazos ¡Viva la libertad, carajo!

Fuente: Aire Agro