En la misma línea, Losada calificó la reunión como “positiva” y sostuvo que el objetivo del documento es “demostrar que la medida adoptada por la UE no tiene base científica ni técnica y constituye un obstáculo al comercio”; además de señalar que “no se condice con la realidad productiva de la provincia de Santa Fe”. Según precisó, el impacto económico podría implicar una pérdida de 390 millones de dólares.

El documento expone la realidad productiva de la provincia, que se vería severamente afectada en sus exportaciones de biodiésel, e incorpora datos sobre el impacto económico y en el empleo en Santa Fe.

Vale señalar que el tema fue planteado recientemente en una reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, y en esta semana, en una agenda de trabajo junto al embajador alemán Dieter Lamlé, y expertos de Sociedad Alemana de Cooperación Internacional.

El informe de la UE

La Comisión Europea emitió a comienzos de febrero un informe técnico que revisa la evidencia científica sobre la expansión de cultivos destinados a biocombustibles y la aplicación de los criterios del Reglamento 2019/807. Desde la Provincia se advierte que la normativa europea sobre “alto riesgo ILUC” (cambio indirecto del uso del suelo) excede la coyuntura específica del biodiésel y constituye una amenaza para toda la cadena de valor de la soja. Al estigmatizar la materia prima desde su origen, esta regulación podría sentar un precedente que, en el corto plazo, condicione el ingreso al mercado europeo de productos como harina, aceite y poroto.

A partir de ese informe se abrió un período de comentarios, con fecha límite en febrero, en el que el Gobierno provincial participó junto a cámaras empresariales para cuestionar la metodología, los resultados y otros aspectos. Allí se indica que los resultados planteados por la UE no reflejan la realidad de la producción de soja en Argentina.

Fuente: El Litoral