La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo clave: el juez federal Ariel Lijo dispuso levantar el secreto bancario, financiero y fiscal del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de analizar en detalle la evolución de su patrimonio.

La medida, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, también alcanza a la firma AS Innovación Profesional, vinculada a la pareja, y forma parte de una batería de acciones orientadas a “reconstruir con precisión” los movimientos económicos de ambos.

Según se desprende del expediente, la Justicia busca verificar el origen de los fondos manejados por Adorni y su esposa, contrastar sus declaraciones juradas y determinar si sus ingresos declarados son consistentes con sus gastos, consumos e inversiones.

La lupa también sobre terceros

La medida no se limita al entorno directo del funcionario. También se levantó el secreto fiscal de varias personas que aparecen en la causa como presuntas prestamistas o acreedoras, con el objetivo de determinar si contaban con la capacidad económica para cumplir ese rol.

Entre ellas figuran Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Sbabo, Graciela Molina y Victoria Cancio, todas vinculadas a operaciones inmobiliarias y financieras bajo análisis.

Avance de la causa

El pedido de estas medidas se apoyó en pruebas ya incorporadas al expediente, como escrituras, informes registrales, declaraciones juradas y testimoniales. En los últimos días, declararon la escribana Adriana Nechevenko y el exfutbolista Hugo Morales, quien fue propietario de uno de los inmuebles vinculados al caso.

En paralelo, el fiscal también solicitó a organismos tributarios que remitan las declaraciones impositivas completas de Adorni, Angeletti y sus firmas, incluyendo información sobre bienes personales, ingresos y actividad laboral.

La investigación apunta a reconstruir con precisión la evolución patrimonial del jefe de Gabinete antes y después de su ingreso a la función pública, con el foco puesto en posibles inconsistencias entre sus ingresos y su nivel de vida.

Con estas nuevas medidas, la causa entra en una etapa de mayor profundidad, donde el análisis financiero detallado será clave para determinar si existieron irregularidades en el crecimiento del patrimonio del funcionario.