Se aprobó en Argentina la Ley de Glaciares, lo que representa para el gobierno la mejor noticia en varias semanas. La ley formaba parte de la agenda legislativa post-electoral. El gobierno logró votar en las extraordinarias varias leyes importantes, quedando pendiente esta por una cuestión de trámite legislativo.

En Diputados decidieron abrir y hacer una audiencia, lo que hizo tardar un par de semanas más. Los votos estaban, siempre estuvieron. Especialmente porque las provincias con potencial minero iban a aportar la mayoría de sus diputados. El caso de San Juan es evidente, los seis diputados votaron a favor de la reforma a la Ley de Glaciares.

Hay un escenario en el que quienes perdieron la votación, como el diputado Brügge, estiman que se va a judicializar la ley. Ya pasó también con la reforma laboral. Existen cuestiones que son mucho más importantes de lo que parecen y escapan al control del gobierno de turno, incluyendo el rumbo de las decisiones de la justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es crucial que los jueces actúen ajustados al espíritu de las leyes y la Constitución. También es importante que las leyes estén bien hechas, para evitar fallas que entorpezcan cambios que el gobierno está impulsando. Hay preguntas que no quedan respondidas en el debate, y las posiciones encontradas no se reconciliarán.

Una pregunta es si la minería de Chile, que ha generado daños a los glaciares tras más de 60 años de explotación, puede servir de lección. Argentina tiene una oportunidad de crecimiento y desarrollo en la minería, junto al petróleo y al gas de Vaca Muerta, y el sector agropecuario.

Sin embargo, también existe el riesgo de desastres ambientales si no hay controles adecuados. Resulta contradictorio que algunos diputados que promueven el federalismo votaran en contra de la ley de minería, que otorga a las provincias el control de sus recursos naturales y ambientales.

Se abre ahora una instancia para verificar la intención de inversión multimillonaria de las empresas mineras. Ya hay inversiones de más de 50.000 millones de dólares anotadas para minería, que estaban frenadas esperando esta ley. Ahora que la ley ya está, las empresas deben decidir si realizar la inversión.

En minería, los plazos no son inmediatos. Se requieren 2 a 3 años para comenzar una obra, y 3 a 4 años más para poner en funcionamiento una inversión minera de alta escala. Esto representa una oportunidad de desarrollo para provincias empobrecidas durante años.

Comprendo el planteo de los ambientalistas, pero también la necesidad de desarrollar una parte de Argentina que estuvo dormida mientras el país vecino se beneficiaba de recursos que nosotros nunca quisimos explotar.

Fuente: Cadena 3